Diputada propone transferir Derechos Reales al Gobierno; Magistratura rechaza
La diputada Claudia Bilbao (PDC) presentó el proyecto de ley 294/25 para transferir el Registro de Derechos Reales (DD RR) del Consejo de la Magistratura al Ministerio de la Presidencia. La Sala Plena del Consejo de la Magistratura rechazó la iniciativa, argumentando que compromete la seguridad jurídica. El proyecto busca crear la Dirección Nacional de Registro Propietario (DINAREP).
Propuesta de transferencia y creación de la DINAREP
El proyecto de ley plantea la transferencia de atribuciones, funciones, activos y presupuesto de la oficina de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo. Una vez completada, se crearía la DINAREP como entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de la Presidencia. El Consejo de la Magistratura tendría 180 días para transferir bases de datos, sistemas, archivos y bienes.
Argumentos a favor de la iniciativa
Claudia Bilbao fundamenta la propuesta en la necesidad de implementar el gobierno electrónico. Señala que el Órgano Judicial prioriza el gasto corriente sobre la inversión tecnológica. Además, afirma que bajo el Ejecutivo, la gestión quedaría sujeta a control social directo y fiscalización legislativa, evitando impunidad bajo el escudo de la independencia de poderes.
Rechazo del Consejo de la Magistratura
La Sala Plena del Consejo de la Magistratura expresó su rotundo rechazo a la posible transferencia. Argumenta que esta medida «compromete la seguridad jurídica», debilita la confianza en el sistema de propiedad y expone a la población a injerencias políticas. Los magistrados piden un debate técnico constitucional serio que incorpore a todos los actores del sistema judicial y registral.
Un antecedente reciente
No es la primera vez que se plantea este cambio. En 2023, el gobierno de Luis Arce intentó transferir el registro al entonces Ministerio de Justicia. El argumento fue similar: modernizar la entidad, digitalizar trámites y crear un registro único con interoperabilidad con otras seis instancias estatales.
Un registro con ley centenaria
El Registro de Derechos Reales funciona bajo la «Ley de Inscripción de Derechos Reales» del 15 de noviembre de 1887. En la actualidad, su aplicación se considera obsoleta. Según el gobierno del expresidente Arce, este marco legal ha traído consigo varios actos y denuncias de corrupción.
Implicaciones del conflicto institucional
La propuesta genera un conflicto entre el Órgano Legislativo/Ejecutivo y el Judicial. El desenlace definirá la tuición de un registro fundamental para la propiedad inmueble. La petición de debate técnico por parte de la Magistratura busca evitar una reforma que, a su juicio, debilitaría la institucionalidad del Estado.
