Petrobras demanda a 12 defensores de Tariquía y exige millonaria compensación
La empresa estatal brasileña PETROBRAS ha presentado una acusación formal contra doce comunarios. El juicio está programado para mayo y la empresa exige, además de penas de cárcel, una compensación económica de alrededor de 2 millones, sin precisar la moneda.
Un proceso que genera polémica
La demanda judicial se origina por los bloqueos realizados para impedir el ingreso al proyecto petrolero Domo Oso X-3. Los defensores argumentan que esta actividad compromete la integridad de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. PETROBRAS y YPFB solicitan dos años de cárcel y una indemnización por los perjuicios de las protestas.
La defensa anuncia una batalla legal frontal
El Colegio de Abogados de Tarija, presidido por Fernando Valverde, asumió la representación legal. Valverde afirma que se trata de una criminalización de la protesta ambiental y que el proceso “ni siquiera debería haber llegado a esta instancia”. La defensa se basará en el derecho a la protesta y en convenios internacionales.
El núcleo del conflicto: la consulta previa
Un argumento central de los acusados es la supuesta vulneración del derecho a la consulta previa. Los comunarios se movilizaron para exigir el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger sus territorios y fuentes de agua. La defensa sostiene que sus acciones fueron una respuesta legítima.
Cuestionan la millonaria indemnización
Desde la defensa se cuestiona la legalidad del pedido de resarcimiento económico. Fernando Valverde considera que no corresponde hablar de daños resarcibles en este contexto y sugiere que la demanda podría tener un efecto intimidatorio sobre los defensores del territorio.
Antecedentes de la resistencia en Tariquía
La acción judicial de PETROBRAS responde a los bloqueos realizados por los comunarios para impedir el ingreso de petroleras al proyecto Domo Oso X-3, que, según denuncian, compromete la integridad de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Implicaciones del caso
El desarrollo de este juicio pondrá a prueba los mecanismos de defensa ambiental y de los derechos de las comunidades en Bolivia. El resultado sentará un precedente sobre los límites de la protesta social y la responsabilidad de las empresas estatales y extractivas.
