Analista advierte que nuevo aumento de gasolina sería «extremadamente difícil de manejar»
Un nuevo incremento en el precio de la gasolina podría detonar un escenario de alta conflictividad social y económica en Bolivia, según el analista Rolando Morales. El experto vincula esta advertencia al contexto internacional marcado por la guerra en Irán, cuyo impacto más inmediato para el país sería en el costo de los carburantes.
Malestar social y apoyo a protestas
Rolando Morales señaló que un aumento de precios sería extremadamente difícil de manejar en un periodo ya marcado por dificultades en el suministro y subsidios. El analista puso como ejemplo el paro de transportistas en curso, afirmando que por primera vez, la población respalda estas medidas debido a la mala calidad del combustible.
Riesgos económicos y vulnerabilidad
Morales advirtió que el país enfrenta una situación de alta vulnerabilidad. Un incremento en los carburantes presionaría el costo de vida y podría desestabilizar una economía frágil. Otro riesgo es el aumento en los costos de importación si Bolivia cambia de proveedor para buscar mejor calidad.
Contexto internacional y precios del crudo
El analista recordó que los costos internacionales ya registran incrementos cercanos al 30%. No descartó que el barril de petróleo suba de 80 a 200 dólares si el conflicto en Medio Oriente se prolonga. Este escenario podría anular los efectos positivos que el Gobierno esperaba tras la reducción del subsidio estatal.
Antecedentes: el ajuste de diciembre de 2025
El análisis se produce meses después de que el gobierno de Rodrigo Paz aplicara un drástico incremento en los precios de los carburantes. La gasolina especial subió de Bs 3,79 a cerca de Bs 7 y el diésel rozó los Bs 9,80, con alzas de hasta 80%. La medida dio paso a un esquema de liberalización de precios.
Paradoja boliviana e implicaciones futuras
Morales observó que Bolivia enfrenta una paradoja: su debilidad económica reduce la presión externa, lo que actúa como una fortaleza relativa. Las autoridades se verían forzadas a elegir entre restablecer subsidios o autorizar nuevas subidas internas, en un contexto donde el encarecimiento de productos importados sería un efecto secundario.
