Inhabilitan a 8.100 candidatos en elecciones subnacionales de Bolivia

8.100 aspirantes fueron excluidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no cumplir requisitos. El proceso, marcado por resoluciones de última hora, generó críticas de actores políticos por crear incertidumbre.

Casos emblemáticos de exclusión

Entre las inhabilitaciones más controvertidas están las de Horacio Poppe en Sucre y Juan Carlos Medrano en Santa Cruz, por la pérdida de personería jurídica de un partido de su alianza. En Tarija, Mario Cossío fue excluido por cuestiones de residencia, pese a presentar documentación. El caso más llamativo fue el de David Vargas en El Alto, inhabilitado horas antes de los comicios por no acreditar residencia en la jurisdicción.

Argumentos y rechazo de los inhabilitados

Los candidatos rechazaron las decisiones. Poppe calificó la suya de «arbitraria». Shiriqui, en Trinidad, argumentó que la interpretación del TSE sobre sus gestiones anteriores no fue correcta. Bazán, en Oruro, fue excluido por la misma causal.

El TSE anuncia cambio de ley tras las críticas

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, respondió a las críticas anunciando un proyecto de ley para modificar el régimen electoral. Su objetivo es dotar de un nuevo marco jurídico y evitar inhabilitaciones a pocos días de los comicios, como ocurrió en este proceso.

Una polémica recurrente desde 2009

La inhabilitación de candidatos es un tema polémico que se repite desde la refundación del Órgano Electoral en 2009. Un caso emblemático fue el de Manfred Reyes Villa en Cochabamba. Desde entonces, en cada comicio se advierte una recurrente anulación de adversarios mediante mecanismos legales-electorales.

Críticas políticas al mecanismo de inhabilitación

Actores políticos de oposición criticaron el proceso. Jorge Tuto Quiroga afirmó que se «jugó con la esperanza de la gente» y que no se respetó el principio de preclusión. Samuel Doria Medina pidió plazos razonables de 30 a 45 días para resolver impugnaciones. Agustín Zambrana, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, calificó los hechos de «manoseo total a la democracia».