Facción del PDC condiciona aprobación de leyes y créditos a rendición de cuentas ministerial
Un grupo de legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) no avalará nuevas iniciativas del gobierno de Rodrigo Paz hasta que los ministros rindan cuentas en la Asamblea Legislativa. La bancada cuestiona el uso de decretos supremos y exige informes sobre el destino de recursos.
Exigencia de transparencia sobre recursos gestionados
La diputada Patricia Patiño afirmó que no hay conocimiento exacto sobre cuántos proyectos de ley llegarán al Legislativo. Señaló que se ha trabajado con alrededor de 60 decretos supremos, algunos desconocidos para los parlamentarios. Por ello, su facción exige que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, brinde una rendición de cuentas detallada sobre el uso de los recursos de los primeros créditos ya aprobados.
Advertencia de bloqueo legislativo
Patiño advirtió que, sin una justificación clara, su bloque no aprobará «absolutamente nada» del paquete de leyes ni nuevos créditos impulsados por el Ejecutivo. La decisión fue tomada por el pleno de los parlamentarios de esta facción.
Crítica al uso de decretos supremos sin control parlamentario
La legisladora cuestionó que el Gobierno recurra a decretos supremos sin la participación del Legislativo. Sostuvo que esta práctica debilita el control y la fiscalización, señalando: «No puede ser que para un proyecto de ley sí nos necesiten, pero no para los decretos supremos».
Antecedentes del conflicto
El conflicto surge por la preocupación en la bancada del PDC sobre la falta de información del destino de recursos gestionados mediante créditos y decretos supremos. La diputada Patricia Patiño exigió que cualquier nuevo proyecto o crédito sea previamente socializado y fundamentado.
Cierre: Legislativo exige fundamentación previa para nuevas iniciativas
La facción del PDC insiste en que toda nueva iniciativa del Ejecutivo debe contar con socialización y fundamentación previa. Esto se enmarca en un contexto de demanda de mayor transparencia en el manejo de recursos públicos, condicionando el avance de la agenda gubernamental a la rendición de cuentas ministerial.
