Solo el 5,7% de las denuncias por violencia de género en Bolivia concluye con sentencia

Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que apenas el 5,7% de las denuncias por violencia de género concluye con sentencia. El 61% son rechazadas inicialmente, evidenciando una brecha en la respuesta estatal.
Opinión Bolivia
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante la presentación de un informe.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante la presentación de un informe. / DEFENSORÍA DEL PUEBLO / ERBOL

Informe defensorial: solo el 5,7% de denuncias por violencia de género recibe sentencia

Solo el 5,7% de las denuncias por violencia de género concluye con una sentencia, según un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la aplicación de la Ley 348. El defensor Pedro Callisaya presentó estos datos, que evidencian una brecha entre la denuncia y la respuesta estatal.

Un sistema con altos índices de rechazo y dilación

El informe detalla que el 61% de las denuncias son rechazadas inicialmente. Además, el 58% de los casos que ya tienen acusación fiscal carecen de sentencia. Callisaya señaló que estos datos muestran “claramente una brecha entre la denuncia y la respuesta efectiva que el Estado proporciona”.

Fallas en la prevención y la atención integral

El defensor advirtió que los recursos para prevención son “insuficientes”, representando solo el 8% del total. “Sin prevención se sobrecarga el sistema penal”, afirmó. El informe también identifica problemas críticos en salud, como protocolos irregulares para violencia sexual, atención psicológica limitada y coordinación deficiente entre el Ministerio Público, la Policía y el sector salud.

Antecedentes: Una evaluación de la Ley 348

El informe defensorial evalúa la aplicación de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La presentación de estos datos corresponde al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, como parte de un informe de gestión.

Cierre: Implicaciones de una respuesta estatal deficiente

Los datos oficiales revelan que la gran mayoría de las denuncias por violencia de género no culmina en sentencia condenatoria. Esto implica una respuesta institucional fragmentada, con deficiencias en la investigación fiscal, la agilidad judicial y la atención a víctimas, limitando el acceso a la justicia.

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