Ceballos acusa a rivales de financiarse con dinero de Doria Medina
Orlando Ceballos, candidato de la AUPP a la Gobernación de Chuquisaca, denuncia que las campañas de Gente Nueva y Patria son «millonarias» y están financiadas por el empresario Samuel Doria Medina. El objetivo del presunto financiamiento sería controlar la fábrica de cemento Fancesa. El señalamiento se produce en el contexto de las elecciones subnacionales.
El presunto botín: la fábrica Fancesa
El candidato Orlando Ceballos aseguró que el objetivo de Doria Medina es colocar directores en Fancesa. Afirmó que esto ocurrirá si ganan Franz García (Patria) o Luis Ayllón (Gente Nueva) a la Gobernación, o Teresa Dalenz (Patria) y Fátima Tardío (Gente Nueva) a la Alcaldía de Sucre. “Detrás de estas elecciones subnacionales, el botín es Fancesa”, declaró Ceballos. Relacionó la acusación con un fallo judicial que obliga a Soboce, empresa que perteneció a Doria Medina, a pagar Bs 744 millones a Fancesa por competencia desleal.
Gente Nueva rechaza las acusaciones y se desvincula
El candidato a asambleísta por Gente Nueva, Luis Garrón, negó cualquier vínculo entre su candidato Luis Ayllón y el empresario. “Cómo va a ser eso posible si nosotros más bien estamos denunciando esta actitud”, expresó. Garrón afirmó que el financiamiento de su campaña sale del bolsillo de los candidatos. En un acto, recibió el respaldo público de dirigentes del sector del transporte, como Willy Ustarez de la Cooperativa Mariscal Sucre y José Sánchez de Trans Capital.
Antecedentes de una polémica recurrente
La cuestión del financiamiento de campañas ya fue observada por otros candidatos. Marcelo Pedrazas, de Súmate, y Ricardo Zárate, de Libre, también introdujeron el tema en el debate. La polémica se centra en la influencia del empresario Samuel Doria Medina en el proceso electoral.
Cierre: Acusaciones en el marco electoral
Las acusaciones de Ceballos sitúan el control de la empresa Fancesa como el centro de la disputa política. Mientras un sector denuncia un presunto financiamiento ilegal, los acusados se desligan públicamente. El caso queda en el ámbito de las declaraciones públicas en vísperas de los comicios.
