Fiscalía investiga accidente del Hércules con 15 procesos penales abiertos
El Ministerio Público maneja cuatro líneas de investigación, dos principales sobre el siniestro y dos por hechos posteriores. Nueve días después del accidente, la Fiscalía busca determinar las causas y responsabilidades, sin acusados aún identificados.
Dos líneas centrales por el accidente aéreo
La investigación principal se divide en dos. La primera se centra en los delitos de homicidio y lesiones culposas por la muerte de más de 20 personas. La segunda línea investiga destrucción de bienes del Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El fiscal Carlos Torres afirmó que se busca saber si fue falla humana, técnica o condiciones climáticas.
Declaraciones de tripulación y controladores
La Fiscalía ya recabó declaraciones informativas de los tripulantes del Hércules C-130H (FAB-180). El piloto declaró que la pista estaba congelada y los frenos no respondieron, versión corroborada por el copiloto e ingeniero de vuelo. También se toman declaraciones al personal de NAABOL para analizar las instrucciones de la torre de control.
Quince procesos por hechos posteriores al siniestro
Paralelamente, se abrieron 15 procesos penales por los sucesos tras el accidente. Siete son por el robo de billetes que se esparcieron, con 51 personas aprehendidas. Ocho procesos son por destrucción de bienes públicos y ataques a policías y militares, admitidos tras denuncias de municipios y el Ministerio de Gobierno.
Antecedentes del vuelo trágico
El accidente ocurrió el 27 de febrero cuando el avión Hércules de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto de El Alto. Recorrió un kilómetro, arrasó vehículos en la avenida Costanera y causó víctimas entre pasajeros y transeúntes.
Cierre: investigación en curso sin responsables identificados
El Ministerio Público coordina con las Fuerzas Armadas y enfatiza que la investigación es contra los autores, aunque aún no identificó al presunto responsable. El proceso continúa recabando información técnica y declaraciones para establecer posibles responsabilidades penales.
