Fiscalía solicita detención de alcalde Fernández por caso de pavimento
La ejecución de obras apenas alcanzó el 2,17%, según un informe de auditoría de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (CGE). El fiscal departamental Alberto Zeballos formalizó la imputación y descartó motivaciones políticas en el proceso.
Auditoría revela baja ejecución en obras viales
El proceso se origina en una denuncia de diciembre de 2025 del exconcejal Carlos Manuel Saavedra. La investigación analiza 16 proyectos de pavimento rígido, que comprenden unos 102 kilómetros. El informe de la CGE sobre la gestión de 2023 señala presuntas irregularidades y una baja eficacia en el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) municipal.
Medidas cautelares y ampliación de la investigación
El MINISTERIO PÚBLICO (MP) programó una audiencia para este jueves a las 13:30 para solicitar la detención preventiva del alcalde por hasta 180 días. Zeballos precisó que la investigación incluirá una auditoría financiera forense y una pericia técnica en ingeniería civil para determinar un posible daño económico al Estado.
Fiscalía defiende independencia en contexto electoral
Frente a cuestionamientos por la coyuntura, Zeballos fue enfático. Citó que la Ley 004, modificada por la Ley 1390, no reconoce fuero en hechos de corrupción. Aseguró que el MP actúa con independencia, respetando el debido proceso pero con la obligación de investigar.
Revisión de otras denuncias y marco legal
El fiscal anunció que se solicitarán informes sobre otras denuncias presentadas contra Fernández para evaluar cada proceso. Reiteró que la resolución fiscal se basó en elementos objetivos y en el informe de la CGE, recogidos bajo el artículo 226 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (CPP).
Antecedentes del caso «Pavimento»
La denuncia presentada incluye delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, vinculados a la ejecución de obras municipales. El alcalde Fernández hizo uso de su derecho a guardar silencio en su declaración policial informativa.
Implicaciones del proceso en curso
El caso avanza hacia la audiencia de medidas cautelares, donde un juez decidirá sobre la detención preventiva. La FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ mantiene que la investigación procede por indicios racionales, al margen de cualquier coyuntura política o electoral.
