Ávila sugiere suspender interpelación a ministro de Hidrocarburos por falta de efectos legales

El presidente del Senado, Diego Ávila, propuso al vicepresidente Edmand Lara cancelar la interpelación al ministro Sergio Medinacelli. El acto está fijado para el 6 de marzo. Ávila argumenta que un fallo constitucional paraliza los efectos de censura y destitución.

Un proceso sin consecuencias según el Senado

Diego Ávila justificó su sugerencia afirmando que “no ganamos nada con interpelar a cualquier autoridad si al final no va a haber ningún efecto”. Señaló que, en la situación actual, el ministro “nos puede contar cualquier cosa” sin repercusiones. Su propuesta es trabajar en una nueva ley de interpelación que sí genere efectos vinculantes.

El origen del bloqueo legal

El artículo 158 de la CPE establece que la censura en una interpelación conlleva la destitución automática. En 2020, se aprobó la ley 1350 para reglamentar este proceso. Sin embargo, en agosto de 2023, el gobierno de Luis Arce presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley. Un vocal del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Isarel Campero, la vetó, paralizando todo acto interpelatorio desde entonces.

Antecedentes: Un fallo congelado en el TCP

La revisión del fallo que vetó la ley 1350 se encuentra en el TCP. El proceso estaba a cargo del magistrado Yvan Espada, cuyo periodo se encuentra en controversia. Bajo su gestión, la revisión se congeló y ahora forma parte de los 2.000 casos pendientes que tiene el tribunal, según reconocen los propios magistrados.

Cierre: La interpelación sigue en agenda pese a las advertencias

El vicepresidente Edmand Lara mantiene la convocatoria para el 6 de marzo. Su motivación es la mala calidad de la gasolina y la respuesta a un decreto de Rodrigo Paz que recortó presupuesto y oficinas de la Vicepresidencia. Algunos legisladores opositores de Libre apoyan el acto, apegándose solo a lo que dicta la Constitución. La situación expone un conflicto entre el procedimiento constitucional y la aplicación práctica bloqueada por una sentencia judicial.