España desclasifica documentos del 23-F para combatir teorías conspirativas

El Gobierno español ha desclasificado y publicado 153 documentos oficiales sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La medida busca acabar con teorías conspirativas y corregir una anomalía histórica, ofreciendo acceso público a informes policiales, judiciales y transcripciones.
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El rey Juan Carlos I subió al trono dos días después de la muerte del general Francisco Franco.
El rey Juan Carlos I subió al trono dos días después de la muerte del general Francisco Franco. / Getty Images / BBC

Gobierno desclasifica 153 documentos sobre el intento de golpe de Estado de 1981

El Gobierno de España ha publicado 153 expedientes clasificados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La medida busca acabar con teorías conspirativas y corrige una «anomalía histórica». La web oficial colapsó por la expectación generada.

Contenido de los expedientes y reacciones iniciales

Los documentos incluyen informes policiales y judiciales, transcripciones de conversaciones y reacciones de gobiernos extranjeros. No contienen revelaciones explosivas sobre el conocimiento previo del rey Juan Carlos, una de las teorías recurrentes. El gobierno de Pedro Sánchez afirma que su desclasificación desactiva falsas teorías sobre el evento.

Revelaciones específicas de los archivos

Entre los datos concretos, se destaca que seis miembros de los servicios de inteligencia estuvieron involucrados en la trama. Un informe de las fuerzas de seguridad estimaba que un asalto al Congreso podría causar ‘entre 80 y 110 muertes’. Los archivos también recogen mensajes de apoyo, como uno de la reina Isabel II del Reino Unido.

El contexto histórico del 23-F

El intento de golpe ocurrió en 1981, durante la investidura de un nuevo gobierno. Un grupo de guardias civiles irrumpió en el Congreso de los Diputados para restaurar un régimen autoritario. El episodio finalizó tras la intervención televisada del rey Juan Carlos en contra de los rebeldes.

Implicaciones de la desclasificación

La publicación cierra el acceso a la documentación oficial sobre un evento que puso en riesgo la democracia española. El gobierno actual considera que estos documentos deben ser de dominio público para consolidar la transparencia y el relato histórico basado en fuentes primarias.

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