Vicepresidente Lara denuncia engaño de Paz y presenta acción ante el TCP
El vicepresidente Edmand Lara presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5552. La acción se interpuso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Lara realizó estas declaraciones en una transmisión por TikTok, horas después del acto judicial.
Lara asume su responsabilidad y critica al Presidente
El Vicepresidente afirmó que «me dejé engañar» por el presidente Rodrigo Paz, su excompañero de fórmula. Reconoció su responsabilidad por haber confiado en él y dijo comprender las críticas ciudadanas. Atribuyó el distanciamiento a su falta de experiencia política y manifestó que no esperaba el escenario actual.
El decreto que desató la crisis
El conflicto se centra en el Decreto Supremo 5552. Lara denunció que esta norma dejó a la Vicepresidencia sin atribuciones operativas. Aseguró que les quitó la potestad de contratar personal de confianza para cumplir sus funciones.
Lara se define como oposición y lanza advertencia
El Vicepresidente señaló que su posición crítica busca el bien del país. Afirmó que su rol es decirle «con toda la verdad» a Rodrigo Paz cuando considera que se equivoca. Además, lanzó una advertencia: «Todo tirano al final cae por su propio peso».
La acusación final: concentración de poder
Edmand Lara concluyó que la situación evidenció una concentración de poder. Sostuvo que esto permitió que la gente se diera cuenta, en su criterio, de que «tenemos un dictador». Acusó al Presidente de haberse «emborrachado de poder».
Antecedentes de una ruptura política
El vicepresidente Edmand Lara lamentó haber hecho dupla con quien calificó como «un dictador». La ruptura se hizo pública tras la emisión del Decreto Supremo 5552, que motivó la acción legal del Vicepresidente.
Cierre: Una crisis institucional abierta
La acción de inconstitucionalidad presentada por el Vicepresidente ante el TCP abre una nueva etapa en la crisis política. Las declaraciones de Lara profundizan la fractura pública dentro del propio Gobierno, situando el decreto presidencial como el centro del conflicto institucional.
