TCP inicia jornadas de descongestionamiento para más de 18 mil causas pendientes
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) iniciará jornadas nacionales para abordar más de 18 mil expedientes judiciales pendientes heredados. Los cuatro magistrados titulares anunciaron que las primeras sesiones serán en Cochabamba los días 27 y 28 de febrero, seguidas de otras en La Paz y Santa Cruz.
Plan de acción contra la mora judicial
El magistrado Ángel Edson Dávalos Rojas afirmó que “no hay algo más parecido a la injusticia que una resolución tardía”. El anuncio fue realizado en Sucre por tres magistrados, incluida la presidenta Paola Verónica Prudencio Candia. El objetivo es reunirse con vocales y jueces de los nueve departamentos durante las jornadas.
Agenda de las jornadas por regiones
Las actividades comenzarán en Cochabamba con autoridades de esa región, Tarija y Chuquisaca. Posteriormente, se trasladarán a La Paz para reuniones con representantes de La Paz, Oruro y Potosí. La fase final será en Santa Cruz, incluyendo a autoridades de Santa Cruz, Pando y Beni. Las fechas para La Paz y Santa Cruz aún no están definidas.
Requisitos para una solución permanente
En paralelo a las jornadas, el TCP hizo dos pedidos concretos a otros órganos del Estado. La presidenta Prudencio exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a tratar y aprobar el proyecto de ley de régimen transitorio para el TCP y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además, el tribunal espera que la ALP complete el proceso de selección de cinco magistrados para el TCP y dos para el TSJ, necesarios para completar la sala plena.
Antecedentes: Una carga heredada
La medida responde a la acumulación de más de 18 mil causas judiciales pendientes que fueron “heredadas” de pasadas gestiones del tribunal, según la explicación oficial ofrecida en conferencia de prensa.
Cierre: La doble vía para la normalización
La iniciativa combina medidas operativas inmediatas, como las jornadas de descongestionamiento, con la búsqueda de soluciones estructurales mediante una ley y la dotación completa de magistrados. El éxito del plan depende de la coordinación entre el TCP, las cortes departamentales y la respuesta de la Asamblea Legislativa.
