Analistas exigen que cooperativas mineras paguen impuestos plenos si se asocian con capital privado

La actividad aurífera cooperativista genera unos 8.000 millones de dólares anuales, con un aporte fiscal estimado de 150 millones. Analistas advierten que si estas entidades, que gozan de beneficios tributarios, se asocian con capitales privados o extranjeros sin cambiar su estatus legal, se consolidaría un privilegio fiscal injustificable.

Un cambio de figura legal para evitar un «disfraz» tributario

El analista Héctor Córdova sostiene que la Ley 535 prohíbe a las cooperativas asociarse con privados manteniendo su estatus. “Si quieren asociarse con privados, que lo hagan como empresa, no como cooperativa”, afirma. Su régimen les otorga beneficios como no pagar impuesto a las utilidades y regalías reducidas. Permitir alianzas sin modificar esto sería mantener un «disfraz» legal, pues muchas ya operan con lógica empresarial y grandes volúmenes económicos.

Coherencia normativa: beneficios con obligaciones

Para Córdova, el núcleo del debate es la coherencia. Si una cooperativa capta inversión privada y opera como empresa, debe asumir sus obligaciones. Esto implica el pago pleno de impuestos y una regalía del 7%. El objetivo no es prohibir la inversión, sino evitar que se mantengan privilegios bajo una figura que ya no corresponde a la realidad económica del sector.

Riesgo de asimetría y salida opaca de minerales

El economista Martín Moreira coincide en la gravedad del tema. Advierte que la eventual llegada de capital extranjero sin fiscalización podría facilitar la salida de oro bajo esquemas poco claros. El problema central es la asimetría: una cooperativa asociada a grandes capitales, pero con beneficios tributarios, competiría deslealmente con empresas formales que sí tributan plenamente.

Un debate en un contexto de cuestionamientos amplios

Esta discusión se enmarca en cuestionamientos más amplios al sector cooperativista, incluyendo su bajo aporte fiscal en relación a la producción, impactos ambientales por el uso de mercurio, expansión a áreas sensibles y tensiones laborales. Moreira subraya que cualquier apertura a capitales privados debe ir acompañada de mecanismos estrictos de transparencia y fiscalización.

La necesidad de reglas claras antes de concretar asociaciones

Ambos analistas convergen en una recomendación clave: el Estado debe definir reglas anticipándose a los hechos. Antes de que se materialicen asociaciones, se deben establecer normas que impidan que una figura creada para pequeños productores sea usada para operaciones de gran escala con capital privado o extranjero, garantizando equidad y control.