Senadora critica falta de coordinación gubernamental por gasolina defectuosa
La senadora Ana María Crispín (PDC) denunció la falta de comunicación en el Gobierno de Rodrigo Paz sobre la distribución de gasolina de mala calidad por YPFB. El combustible dañó miles de motorizados a nivel nacional, generando molestia en el sector transporte y pequeños productores.
Contradicciones y «medias verdades» en el Ejecutivo
La legisladora señaló que el ministro de Hidrocarburos, el presidente de YPFB y la ANH dieron versiones contradictorias. «Cuando se empieza a enlazar cada una de ellas, no habrían tenido la razón«, declaró a la ANF. Crispín atribuyó el problema a una falta de coordinación dentro del Gobierno.
El impacto en el sector transporte
La distribución del combustible defectuoso afectó a transportistas sindicalizados, mototaxistas y pequeños productores, especialmente en Santa Cruz. El daño en sus vehículos generó gastos extra en reparaciones. El dirigente Lucio Gómez estimó que los motorizados afectados superan las 8.000 unidades, con un costo de reparación que podría exceder los 30 millones de bolivianos.
El reconocimiento oficial del problema
Tras las primeras denuncias, el Gobierno y YPFB negaron fallas en la calidad. El panorama cambió cuando el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, admitió fallas en la mezcla. Posteriormente, el 3 de febrero, el ministro Mauricio Medinacelli confirmó la distribución de combustible de mala calidad, pero atribuyó su origen a residuos acumulados de la anterior administración del MAS.
La exigencia de resarcimiento
El sector transporte exige un resarcimiento por los daños en sus herramientas de trabajo. Hasta el momento, solo se acordó un sistema de reparación en el departamento de Santa Cruz. No hay acuerdos concretos para La Paz y otros departamentos.
Antecedentes de las denuncias
Las primeras denuncias por la gasolina desestabilizada surgieron en La Paz durante el gobierno de Paz, replicándose luego en Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando.
Cierre: Repercusión y pendientes
La situación ha evidenciado una crisis de coordinación dentro del Gobierno y ha generado un conflicto con el sector transporte. La falta de un acuerdo de reparación nacional deja pendiente la solución para miles de afectados.
