YPFB niega pagar sobreprecios en compra de combustibles a Trafigura
La petrolera estatal YPFB asegura que sus procesos son legales y transparentes. La empresa respondió así a acusaciones de legisladores, basadas en una denuncia periodística sobre un contrato en revisión.
Respuesta oficial a las acusaciones
La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) emitió un comunicado para negar categóricamente el pago de sobreprecios. Afirmó que en la “actual gestión de YPFB, cada adquisición y contrato se hace de forma responsable, transparente y legal”. Calificó las acusaciones de “irresponsables y antipatrióticas”, argumentando que se basan en comparaciones incorrectas.
Detalles del proceso de compra cuestionado
YPFB se refirió al proceso PAC 5096 para el suministro de crudo. Aclaró que no se ha firmado ningún contrato con la empresa Trafigura y que el proceso está en fase de revisión técnica y jurídica. La estatal detalló que, en las ofertas presentadas para dos puntos de entrega, Trafigura presentó el menor precio en ambos casos.
Origen de la polémica y reacción política
La controversia comenzó con una denuncia del canal Detrás de la Verdad (DTV). Según el reporte, YPFB contrataría con Trafigura a precios más altos que los pagados anteriormente a Botrading, lo que generaría un supuesto sobreprecio de 4 millones de dólares mensuales. En respuesta, varios parlamentarios anunciaron investigaciones. El diputado Carlos Alarcón presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) dirigida al Ministerio de Hidrocarburos y al presidente de YPFB, Yussef Akly.
Antecedentes de la denuncia periodística
La denuncia del canal DTV comparó los precios históricos de Botrading con los ofertados por Trafigura. Según la acusación, Botrading cobraba 9,10 dólares por barril en Pocitos y 18,41 en Arica, mientras que Trafigura estableció precios de 20,88 y 18,41 dólares, respectivamente, en los mismos puntos.
Cierre: La situación queda en manos de la investigación
El caso enfrenta la versión oficial de YPFB, que defiende la transparencia de sus procesos, contra las acusaciones de legisladores que piden una investigación formal. La resolución dependerá de las respuestas oficiales a la PIE y del avance de las revisiones técnicas dentro de la empresa estatal.
