Juez impone fianza de 100.000 bolivianos al alcalde Fernández por desobediencia
Un juez cautelar determinó este martes una fianza de Bs 100.000 y control judicial para el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández. La medida se da dentro del proceso por presunto incumplimiento de una sentencia constitucional relacionada con el caso Mutualista. La audiencia analizó la imputación del Ministerio Público por el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales.
Decisión judicial tras la audiencia de imputación
La autoridad judicial decretó la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado para el alcalde. Esta determinación se adoptó tras analizar la imputación presentada por el Ministerio Público. Desde la Alcaldía o el entorno del edil no hubo un pronunciamiento inmediato tras conocerse la resolución.
Los fundamentos de la acusación fiscal
La Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción presentó la imputación formal basada en el artículo 179 del Código Penal. El documento señala que Fernández no cumplió una sentencia constitucional que ordenaba al municipio entregar el plano de uso de suelo y el certificado catastral a favor de privados, en el caso del terreno del mercado Mutualista.
La postura de la defensa del alcalde
Desde la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra argumentaron anteriormente que no se pueden entregar los documentos a quien «no es propietario» del terreno. Su posición es que la parte interesada, la familia Crapuzzi, no ha presentado la documentación legalmente requerida para recibir dichos planos o certificados.
Antecedentes del caso Mutualista
El proceso se origina en el presunto incumplimiento de una sentencia constitucional. Dicha sentencia ordenaba al municipio cruceño entregar documentos como el plano de uso de suelo y el certificado catastral a favor de privados, específicamente en el caso del terreno del mercado Mutualista.
Implicaciones del fallo judicial
La medida judicial de fianza y control representa un avance formal en el proceso penal contra la máxima autoridad municipal. El caso continúa su curso legal mientras se espera la reacción oficial del alcalde y su equipo de defensa frente a esta determinación judicial.
