Un juez rechaza la petición de Elon Musk de desestimar la demanda de la SEC por la compra de Twitter
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) alega que Musk ahorró más de 150 millones de dólares al declarar tarde una participación clave. Un tribunal federal ha denegado la solicitud del empresario para archivar la demanda. La SEC lo acusa de no haber notificado a tiempo que superaba el 5% de las acciones de Twitter en 2022.
El núcleo de la acusación regulatoria
La SEC sostiene que Elon Musk incumplió las normas de transparencia del mercado. Su participación en Twitter alcanzó el 5% el 14 de marzo de 2022, pero no lo hizo público hasta el 4 de abril, once días después del plazo legal de diez días. Durante ese retraso, continuó comprando acciones a un precio más bajo. La notificación provocó un aumento del precio de la acción del 27%.
La repercusión financiera del presunto retraso
Según el análisis de la SEC, el retraso en la declaración permitió a Musk ahorrar más de 150 millones de dólares. La comisión afirma que los accionistas que vendieron en ese periodo resultaron perjudicados. La demanda busca que el empresario devuelva esa cantidad más una sanción económica.
Los argumentos de la defensa y la decisión judicial
Los abogados de Musk intentaron desestimar el caso argumentando que la SEC aplica las leyes de forma selectiva y que la demanda infringe su libertad de expresión. La jueza federal no encontró base para desestimar la demanda en esta fase, por lo que el procedimiento judicial continuará.
Antecedentes de la operación
Elon Musk comenzó a acumular acciones de Twitter a principios de 2022. La operación de compra se completó en octubre de ese mismo año por aproximadamente 44.000 millones de dólares. Para financiarla, vendió una gran parte de su participación en Tesla y contrajo préstamos. Tras la adquisición, la empresa fue rebautizada como X.
Implicaciones del fallo judicial
La decisión judicial representa un primer éxito procedimental para la SEC en este caso. El litigio principal sobre el presunto incumplimiento de las normas de transparencia y las posibles sanciones económicas deberá resolverse ahora en el tribunal federal.