Periodistas rechazan cobros para cubrir el Carnaval de Oruro por considerarlos una restricción a la información

La ANPB y la ACPI califican de reprochable el cobro por acreditarse para el Carnaval de Oruro. Tras una reunión, se acordó que la Policía permitirá la cobertura sin restricciones el 14 de febrero.
EL DEBER
El Carnaval de Oruro es patrimonio de la humanidad desde 2001.
El Carnaval de Oruro es patrimonio de la humanidad desde 2001. / EFE / Fuente no disponible

Gremios periodísticos rechazan pago para cubrir el Carnaval de Oruro 2026

La ANPB y la ACPI califican de reprochable el cobro por acreditarse. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro fijó tarifas para acceder a palcos oficiales. Las organizaciones consideran que esta medida restringe el derecho a la información en un evento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tarifas en disputa y un principio ético

El STPO estableció cobros diferenciados: 20 bolivianos para locales, 80 para nacionales y 100 para corresponsales internacionales. Su dirigencia argumenta que la acreditación no es obligatoria y que se puede cubrir desde otros sectores. Sin embargo, para la ANPB y la ACPI, el mero hecho de cobrar sienta un precedente negativo y erosiona el libre ejercicio del periodismo.

Un acuerdo para la cobertura irrestricta

Tras una reunión con el Ministerio de Turismo, se acordó que la Policía permitirá la cobertura sin restricciones el sábado 14 de febrero. Los periodistas podrán circular libremente por la ruta de la peregrinación portando su equipo y la credencial de su medio. Los gremios instan a no pagar y a documentar cualquier impedimento para su denuncia.

El trasfondo de un evento patrimonial

El conflicto reabre el debate sobre libertad de prensa y acceso a la información. Las organizaciones recuerdan que el Carnaval de Oruro, al ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, debe tener una difusión amplia y sin restricciones conforme a estándares internacionales. La ACPI ya había advertido que cobrar por cubrirlo contradice el espíritu de la declaratoria de la UNESCO.

Un cierre sobre principios democráticos

Más allá del evento, la discusión pone sobre la mesa los límites entre la organización logística y el respeto al trabajo periodístico. Para los gremios, el riesgo es la normalización de prácticas que condicionan el acceso a la información de interés público. Subrayan que el derecho a informar y a ser informado no puede estar sujeto a tarifas, en un llamado a preservar los principios de una sociedad democrática.

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