Legisladores y candidato critican la labor de la vocera presidencial
Diputados del PDC y Alianza Popular señalan falencias en la comunicación gubernamental. La vocera Carla Faval, principal autoridad de comunicación del gobierno de Rodrigo Paz, no ha restablecido las conferencias semanales que prometió. El vicepresidente Edmand Lara y el candidato Leopoldo Chui consideran el cargo innecesario.
Críticas desde el legislativo y el propio gobierno
Los diputados Daniel Fernández (PDC) y Edwin Huiza (Alianza Popular) coincidieron, por separado, en que existen debilidades en el trabajo de la vocera Presidencial. Fernández pidió «más voluntad de trabajo y más capacidad». Huiza sugirió mayor fluidez comunicativa y diálogo permanente para que «la población acepte al Gobierno».
La promesa incumplida de transparencia
Al asumir en noviembre de 2025, Carla Faval se comprometió a ofrecer conferencias de prensa todos los lunes para informar de manera directa. Esa intención duró muy poco y no se restableció dicha comunicación.
El cuestionamiento interno y la propuesta de eliminación
El vicepresidente Edmand Lara calificó la función como «un cargo innecesario» en noviembre pasado, tras observaciones de Faval a su forma de comunicarse. Lara afirmó que «la vocería está demás» y que seguirá usando TikTok para hablar con la gente.
La visión desde la oposición política
El candidato a la gobernación de La Paz, Leopoldo Chui, señaló que el cargo «tiene que desaparecer». Argumentó que, en plena crisis económica, se debe aplicar una política de austeridad y que «el presidente tiene que bajar al pueblo».
Antecedentes del cargo y su función
El diputado Fernández recordó que cada presidente ha tenido un vocero para transmitir mensajes o informar desde la Dirección de Comunicación sobre el trabajo de la gestión. En esta administración, a diferencia de la anterior, aún no se difunde la agenda diaria del presidente del Estado.
Repercusión e implicaciones
Las críticas evidencian una fractura en la comunicación oficial del gobierno de Rodrigo Paz. La falta de la agenda presidencial pública y el debate sobre la necesidad del cargo de vocería plantean un cuestionamiento a la transparencia y la eficiencia en la información que recibe la población.
