España regularizará a medio millón de migrantes indocumentados por decreto

El Gobierno regularizará por decreto ley a unas 500.000 personas migrantes en situación irregular. El proceso, abierto de abril a junio de 2026, exigirá acreditar residencia anterior a 2026 y carecer de antecedentes penales.
BBC: World News & Stories
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, durante el anuncio de la regularización.
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, durante el anuncio de la regularización. / Europa Press via Getty Images / BBC

Gobierno español regularizará a medio millón de migrantes sin papeles

El Ejecutivo socialista legalizará la situación de al menos 500.000 personas. El plan, anunciado por la ministra de Inclusión, Elma Saiz, estará abierto desde abril hasta finales de junio. Los beneficiarios deben acreditar residencia en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales.

Un proceso con condiciones y plazos definidos

La regularización se realizará por decreto ley, sin necesidad de pasar por el Parlamento. Los solicitantes que cumplan los requisitos obtendrán un permiso de residencia inicial de un año, que será renovable. La ministra Saiz defendió que esta medida refuerza un modelo migratorio basado en los derechos humanos y es compatible con el crecimiento económico.

El perfil de la población beneficiaria

Según el think-tank Funcas, la población irregular en España ha pasado de 107.409 personas en 2017 a 837.938 en 2025. Los principales países de origen son Colombia, Perú y Honduras. El gobierno argumenta que los inmigrantes representan «riqueza, desarrollo y prosperidad» y contribuyen al sistema de seguridad social.

Antecedentes: Una medida sin precedentes en dos décadas

Esta es la primera regularización masiva que se lleva a cabo en España en veinte años. Entre 1986 y 2005, gobiernos tanto del PSOE como del PP regularizaron a aproximadamente medio millón de migrantes. La actual iniciativa sigue a una propuesta legislativa ciudadana respaldada por unas 700.000 firmas.

Cierre: Reacciones políticas y vías de recurso

La medida ha generado una división política. Mientras la izquierda la celebra, el Partido Popular advierte de un «efecto llamada» y una saturación de los servicios públicos. El portavoz de Vox, Pepa Millán, anunció que su partido recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo para intentar bloquearlo, al considerar que «ataca nuestra identidad».

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