Cinco poderes judiciales latinoamericanos firman la Declaración de Lima
Los máximos representantes judiciales de Perú, Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Panamá suscribieron un documento conjunto. El acto tuvo lugar este viernes en el marco del ‘Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 Años de los Poderes Judiciales en América Latina’, que se celebra en la capital peruana.
Compromiso regional con la independencia judicial
La declaración expresa el firme compromiso colectivo con la defensa del Estado constitucional de derecho, la independencia judicial y la dignidad de la función jurisdiccional. Los firmantes son Janet Tello (Perú), Romer Saucedo (Bolivia), Orlando Aguirre (Costa Rica), Jhon Pérez (Uruguay) y María Chen (Panamá).
Desafíos históricos y actuales
El texto reconoce que, en dos siglos, los poderes judiciales han enfrentado guerras civiles, dictaduras y crisis económicas. Señala que hoy la región atraviesa inseguridad, crimen organizado y violencia sistémica, lo que demanda a los jueces celeridad, firmeza y autonomía.
Fortalecimiento institucional como prioridad
Los cinco países consideran imprescindible fortalecer a los poderes judiciales. Para ello, apuntan a la necesidad de condiciones dignas de trabajo, respaldo presupuestario adecuado y modernización tecnológica. Subrayan que la innovación digital y la cooperación interjudicial transnacional son esenciales para una justicia eficaz.
Herramientas frente a la criminalidad y la corrupción
La declaración incluye el compromiso de utilizar todas las herramientas legales para juzgar oportuna y enérgicamente la criminalidad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. El objetivo es actuar sin ceder a presiones coyunturales.
Un legado de dos siglos de resiliencia
El documento hace un repaso histórico de los últimos 200 años de los poderes judiciales en la región. Indica que siempre se han erigido como baluartes de la legalidad en medio del caos, resistiendo amenazas persistentes a su independencia.
Implicaciones para el futuro judicial
La Declaración de Lima plasma una posición común frente a desafíos compartidos. Su repercusión se centra en el ámbito de la cooperación internacional y la modernización de los sistemas de justicia, con un tono de reafirmación institucional.
