Adulto mayor denuncia traslado forzado tras alertar de irregularidades en hogar de Yapacaní
Milton Rosado, de 69 años, enfrenta hostigamiento y un intento de reubicación tras denunciar un presunto desvío de donaciones en el centro. La administración del hogar niega represalias y alega limitaciones económicas para el traslado.
Denuncia de desvío y posterior hostigamiento
Milton Rosado alertó sobre un manejo irregular de víveres destinados al hogar de ancianos. Según su relato, «la mitad es para una y la otra mitad es para otra, no queda para nosotros». Tras esta denuncia, afirma que el trato hacia él se deterioró y comenzó un hostigamiento permanente, siendo etiquetado como una persona conflictiva.
Intento de traslado y presunto maltrato
El residente fue informado de un traslado obligado a Santa Cruz bajo el argumento de ofrecerle un espacio más amplio y adecuado a sus dificultades visuales. Rosado se opone: «Yo no voy a irme, si ustedes quieren, bótenme». Además, denuncia maltrato psicológico por parte de las encargadas, quienes les habrían dicho a los residentes que son «unos viejos cochinos».
Posición de la administración del centro
La administración del hogar rechaza que el traslado sea un castigo. En su defensa, asegura que la institución atraviesa serias limitaciones económicas. Este contexto habría motivado un proceso gradual de reubicación de algunos residentes, iniciando, según su versión, por el denunciante.
Llamado a las autoridades
Rosado solicitó la intervención inmediata de las autoridades para que fiscalicen los hechos. Considera que su denuncia condiciona su permanencia y que se vulneran sus derechos a una vejez digna y libre de represalias. «Pido a las autoridades que fiscalicen todo», apuntó.
Antecedentes del conflicto en el hogar
Los problemas comenzaron el año pasado cuando Rosado decidió alertar sobre el presunto manejo irregular de donaciones y aportes que debían beneficiar a los adultos mayores del centro de acogida de Yapacaní.
Implicaciones de la denuncia
El caso pone en evidencia las tensiones en la administración de centros de acogida y la vulnerabilidad de los residentes. La situación queda en manos de la posible fiscalización de las autoridades, mientras se confrontan dos versiones sobre las causas del intento de traslado.
