Cancillería inicia proceso penal a exdiputada Rojas por pasaporte diplomático
El Ministerio de Relaciones Exteriores instruyó el inicio de acciones penales contra la exdiputada de Creemos y candidata a concejal Laura Rojas. La acusan del uso irregular de un pasaporte diplomático anulado para un viaje a Estados Unidos en noviembre de 2025, relacionado con el caso de las narcomaletas.
Uso de un documento oficial anulado
La Cancillería detalló que el pasaporte fue otorgado en septiembre de 2021 y debía ser devuelto al concluir su mandato. Al no hacerlo, la institución procedió a su anulación de oficio el 13 de noviembre de 2025, reportando el hecho a INTERPOL y Migración. Rojas usó este documento invalidado para viajar.
Vínculo con el caso de las 32 maletas
El viaje de la exautoridad se vincula a la incautación de cocaína en 32 maletas. Rojas retornó a Bolivia en un vuelo chárter privado acompañada de Gabriel G.L. La Cancillería señaló que el uso del pasaporte caduco para evadir controles en este vuelo son hechos a investigar.
Repercusión institucional y nuevas investigaciones
El Ministerio exhortó al Ministerio Público y a la Policía a profundizar la investigación sobre el ingreso sin fiscalización de las maletas por el Aeropuerto de Viru Viru, pese a existir una alerta previa de la Cancillería.
Citación de la exdiputada como testigo
Por separado, el fiscal general Roger Mariaca confirmó que Rojas fue citada para declarar el lunes siguiente como testigo. Las diligencias buscan establecer si es propietaria de las maletas incautadas.
Antecedentes del documento
El pasaporte diplomático de Laura Rojas fue otorgado el 8 de septiembre de 2021 a solicitud de la anterior legislatura. El documento contaba con una fecha de caducidad y la legisladora debió devolverlo una vez que concluyó con su mandato, pero no lo hizo.
Cierre: Implicaciones legales del caso
Los hechos denunciados por la Cancillería, incluyendo el uso de un documento anulado y la posible evasión de controles, constituyen presuntos delitos que deben ser investigados y sancionados conforme a ley, independientemente de las responsabilidades que pudieran derivarse por el cargamento de cocaína descubierto.
