Camacho anuncia plan integral contra avasallamientos de tierras en Santa Cruz

El Gobierno nacional y la Gobernación de Santa Cruz, junto a la Fiscalía, el Órgano Judicial y el sector productivo, acordaron un plan para desalojar predios tomados ilegalmente. La acción coordinada busca terminar con un problema de dos décadas.
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Gobierno y Gobernación aprueban plan contra avasallamientos en Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz, el Gobierno central, la Fiscalía, el Órgano Judicial y el sector productivo aprobaron el Plan Integral Santa Cruz sin avasallamientos. El gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente Rodrigo Paz anunciaron medidas para terminar con las tomas ilegales de tierras en la región oriental.

Autoridades unen fuerzas contra tomas ilegales

El anuncio se realizó durante un encuentro entre autoridades cruceñas y el presidente Paz. Camacho agradeció la presencia del mandatario y subrayó el compromiso para dar respuesta a la población. La colaboración de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) fue clave para identificar los puntos de avasallamiento.

Un problema de dos décadas y repercusión inmediata

El gobernador señaló que este problema se instauró hace 20 años bajo una «lógica estrategia política». Aseguró que los avasallamientos afectan a la propiedad privada, comunidades indígenas y áreas protegidas. Camacho afirmó que la acción se ejecutará «en las próximas horas» para desalojar los predios tomados ilegalmente.

Firme postura del Gobierno nacional

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz remarcó que su gobierno no tolerará a las «mafias organizadas». Declaró que no hay espacio en Bolivia para «maleantes» que toman predios y ofreció su apoyo a las autoridades valientes que enfrenten el problema.

Antecedentes de un conflicto prolongado

El gobernador Camacho afirmó que Santa Cruz viene siendo golpeada durante 20 años por bandas delincuenciales dedicadas a los avasallamientos, bajo una lógica de estrategia política y visión de carácter inmobiliario.

Implicaciones del plan acordado

El plan establece el desalojo inmediato de todos los predios tomados ilegalmente. Supone una acción coordinada entre el gobierno departamental, el gobierno nacional, el sistema de justicia y el sector productivo para enfrentar el problema.

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