Bolivia debate ley antibloqueos mientras el Código Penal ya tipifica el delito

El diputado Carlos Alarcón propone someter a referéndum la futura ley que endurece penas por bloqueos, ante el rechazo y amenaza de protestas de la Central Obrera Boliviana (COB). La Asamblea analiza unificar varios proyectos.
EL DEBER
Bloqueos en el comienzo de 2026.
Bloqueos en el comienzo de 2026. / APG / EL DEBER

Diputado propone referéndum para ley antibloqueos ante rechazo de la COB

El diputado Carlos Alarcón plantea someter la futura ley a consulta popular. La Asamblea Legislativa analiza propuestas para endurecer penas por bloqueos, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) rechaza la iniciativa y amenaza con protestas.

Normas vigentes ya sancionan bloqueos y uso de explosivos

El Código Penal boliviano contiene al menos tres artículos que castigan estos hechos. El Artículo 213 sanciona con reclusión de uno a cuatro años a quien impida o ponga en peligro transportes públicos. El Artículo 211 castiga el uso de explosivos con igual pena. A esto se suma el Decreto Supremo 2888 de 2016, que prohíbe explícitamente portar explosivos en movilizaciones.

Reacción sindical y propuesta de consulta

La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia y apronte. Frente a esta advertencia, el proyectista de la ley, Carlos Alarcón, propuso un referéndum antes de la promulgación. El diputado afirmó que la decisión final debe tomarla el «pueblo soberano» en las urnas.

Análisis legislativo en curso

En el Senado, una comisión integral comenzó a analizar el proyecto. En Diputados existen varias propuestas. El legislador José Maldonado subrayó la necesidad de unificar todos los proyectos en uno solo, basándose en la legalidad y sin vulnerar derechos para evitar un conflicto social.

Antecedentes legales en el Código Penal

El Título V del Código Penal, sobre «Delitos contra la seguridad común», ya establece sanciones. El Artículo 214 dispone cárcel de uno a seis años para quien atente contra el funcionamiento normal de servicios públicos como agua, luz o gas, hecho relevante tras la toma de una planta de YPFB en Santa Cruz.

Cierre: Gobierno respalda la norma y se busca consenso

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reiteró el respaldo del Gobierno al proyecto. La situación queda en manos del Legislativo, que debe definir si unifica las propuestas y cómo procede, mientras la iniciativa de consulta popular queda sobre la mesa.

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