Paz gana dos recursos judiciales contra el decreto que permite gobernar por medios tecnológicos
Rodrigo Paz ganó dos rondas judiciales contra el Decreto Supremo 5515. Las Salas Constitucionales de El Alto y Santa Cruz rechazaron las tutelas interpuestas por el abogado Wilmer Vásquez, argumentando que no son la vía adecuada. La norma, que habilita al presidente a gobernar mediante tecnología, sigue vigente a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Las Salas Constitucionales rechazan las tutelas
La Sala Constitucional Tercera de El Alto negó la tutela solicitada por el abogado Wilmer Vásquez. El fallo determinó que este recurso no es el mecanismo constitucional adecuado para evaluar la norma. Anteriormente, una sala similar en Santa Cruz ya había rechazado una acción idéntica del mismo jurista.
El camino judicial sigue en el TCP
La legalidad del decreto debe ser resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, este órgano se encuentra paralizado al carecer de quórum, ya que solo cuenta con cuatro magistrados.
La Alianza Popular impulsa la abrogación en el Legislativo
La diputada Claudia Herbas presentó un proyecto de ley para abrogar el decreto. La legisladora argumenta que la norma es inconstitucional porque vulnera la organización del Estado y desnaturaliza la sucesión presidencial.
Los argumentos de la oposición parlamentaria
Herbas afirma que el decreto desnaturaliza lo establecido en el artículo 169 de la CPE, que regula la sucesión en caso de ausencia del presidente. El objetivo del proyecto presentado es abrogar directamente la norma.
Antecedentes de las acciones judiciales
El abogado Wilmer Vásquez argumentó que el decreto 5515 vulnera la Constitución Política del Estado. Previamente, el mismo jurista había interpuesto una acción popular contra el ya abrogado Decreto Supremo 5503, la cual también fue rechazada.
Cierre: El decreto se mantiene vigente a la espera de nuevas definiciones
La norma continúa en vigor. Su futuro depende de dos vías: una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, actualmente sin quórum, y el trámite legislativo del proyecto de abrogación presentado por la oposición en la Cámara de Diputados.
