Gobierno descarta recompensa por Evo Morales y exige ejecutar orden judicial

El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que no corresponde ofrecer un incentivo económico para localizar al expresidente. Declaró que el mandamiento de aprehensión vigente, emitido por un juez, debe cumplirse conforme a ley y sin condicionamientos.

Posición oficial sobre el cumplimiento de la ley

La autoridad gubernamental sostuvo que las órdenes judiciales deben ejecutarse sin «poner ningún tipo de precio». Explicó que la figura de ofrecer recompensas no está contemplada en la normativa boliviana. El Ejecutivo espera que las instituciones responsables actúen en este y todos los casos con personas declaradas rebeldes.

Origen de la polémica

Las declaraciones responden a una solicitud de la senadora Claudia Mallón, quien pidió ofrecer 100.000 dólares por ubicar a Morales. Mallón argumentó con antecedentes, como la recompensa por el narcotraficante Sebastián Marset en 2023, afirmando que el expresidente «no tiene privilegios».

Antecedentes de la solicitud

La senadora de APB-Súmate, Claudia Mallón, solicitó al ministro de Gobierno ofrecer una recompensa de 100.000 dólares para ubicar al exmandatario, quien tiene una orden de aprehensión vigente por un caso de trata y tráfico de personas. Mallón argumentó que existen antecedentes, como en 2023, cuando el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ofreció una recompensa para localizar al narcotraficante Sebastián Marset.

Cierre y contexto actual

La posición del Gobierno descarta un mecanismo usado anteriormente en casos de seguridad. Evo Morales no ha realizado apariciones públicas recientemente ni emitió su programa radial. Allegados señalaron que padecería dengue, mientras que el exsenador Leonardo Loza brindó declaraciones ambiguas sobre su paradero.