Comunarios de Cachuela marchan a Ascensión de Guarayos exigiendo anulación de amparo

Unas 50 personas de la comunidad Cachuela marchan hacia Ascensión de Guarayos para exigir la anulación de un amparo judicial que otorga derechos sobre tierras comunales a un empresario. Instalarán una vigilia pacífica frente a la Casa Judicial.
EL DEBER
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Imagen sin título / Desther Ágreda / Fuente no disponible

Comunarios de Cachuela marchan a Ascensión de Guarayos para anular un amparo constitucional

Unas 50 personas iniciaron una marcha desde la comunidad Cachuela hacia la capital provincial. Exigen al juez Roberto Cruz que deje sin efecto un amparo a favor de un empresario que otorga derecho propietario sobre predios que, según los manifestantes, son de propiedad comunal. La movilización partió este miércoles y prevé llegar este jueves.

Protesta pacífica frente a la Casa Judicial

Los comunarios anuncian que instalarán una vigilia pacífica en la acera de la Casa Judicial, en la esquina de la plaza principal de Ascensión de Guarayos. Su objetivo es permanecer allí hasta que la autoridad jurisdiccional anule el amparo, al que califican de inconstitucional.

Cuestionamiento a la decisión judicial

El dirigente de la comunidad, José Roda, cuestionó la decisión del juez Roberto Cruz y aseguró que el magistrado actuó a favor de un empresario de la zona. La comunidad de Cachuela pertenece al cantón Yotaú, municipio de El Puente, y se encuentra a 40 kilómetros de la capital provincial.

Antecedentes del conflicto territorial

El conflicto surge porque un amparo constitucional, resuelto por el juez Roberto Cruz, otorga derecho propietario de unos predios a un empresario. Los comunarios de Cachuela manifiestan que esos terrenos son de propiedad comunal, lo que los ha llevado a emprender esta acción de protesta.

Cierre: Implicaciones de la medida de presión

La marcha y la vigilia representan una medida de presión directa sobre el sistema judicial local. El desenlace depende de la respuesta del juez Cruz a la exigencia de anulación. La situación pone en evidencia un conflicto de tenencia de tierras entre una comunidad y un actor privado, que se resolverá en el ámbito jurídico.

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