Juez boliviano rechaza acción popular contra decreto que permite a Paz gobernar desde el exterior

La Sala Constitucional Tercera de El Alto negó una acción popular contra el DS 5515, que permite al presidente Rodrigo Paz gobernar digitalmente desde el exterior. El fallo considera que no es el mecanismo procesal adecuado, dejando abierta una posible revisión por el Tribunal Constitucional.
Correo del Sur
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. / Presidencia / Correo del Sur

Juez rechaza acción popular contra decreto que permite a Paz gobernar digitalmente

La Sala Constitucional Tercera de El Alto negó este martes la tutela contra el DS 5515. El recurso buscaba anular la norma que autoriza al presidente Rodrigo Paz a usar medios tecnológicos para gobernar desde el exterior. El fallo señala que la acción popular no es el mecanismo adecuado para este caso.

Fallo judicial mantiene vigente el decreto

La Sala determinó que la acción popular presentada por el abogado Wilmer Vásquez no es el procedimiento constitucional correcto para evaluar la norma. Sin embargo, el tribunal aclaró que cualquier análisis de fondo sobre la legalidad del decreto corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Mientras, el Decreto Supremo 5515 continúa en vigor.

Argumentos del accionante y otra demanda similar

El abogado Vásquez sostenía que el decreto vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y que los actos del mandatario bajo esta modalidad serían nulos. El letrado también interpuso una acción popular contra el Decreto Supremo 5503, considerándolo inconstitucional, pero esta demanda fue rechazada previamente por una Sala Constitucional de Santa Cruz.

Antecedentes de la norma cuestionada

El Decreto Supremo 5515 es la norma que permite al presidente Rodrigo Paz usar medios tecnológicos para gobernar desde el exterior. Su validez fue cuestionada mediante una acción popular que ahora ha sido rechazada por la justicia.

Cierre: La disputa legal continúa su camino

La vigencia del decreto se mantiene tras este fallo. La decisión judicial deja abierta la puerta a que la legalidad de la norma sea evaluada en última instancia por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), si se presenta el recurso adecuado.

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