Juez de El Alto niega tutela contra decreto que permite gobierno a distancia de Paz

Un juez de El Alto rechazó la acción de tutela contra el Decreto Supremo 5515, que permite al presidente Rodrigo Paz ejercer el gobierno a distancia. La norma sigue vigente y el debate se traslada al Tribunal Constitucional Plurinacional.
EL DEBER
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Juez niega tutela sobre decreto que permite a Paz gobernar a distancia

El presidente de la Sala Constitucional Tercera de El Alto, Ricardo Guisbely Limachi, rechazó la acción de tutela interpuesta por el abogado Wilmer Vásquez contra el Decreto Supremo 5515. La norma, que habilita al presidente Rodrigo Paz a ejercer el gobierno a distancia, permanece vigente. La decisión judicial traslada el debate al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Fallo judicial mantiene vigente la norma

El magistrado denegó la medida cautelar que buscaba suspender la aplicación del decreto. Con esa decisión se debe aguardar lo que suceda en Sucre cuando el TCP atienda las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas. El abogado demandante, Wilmer Vásquez, ya intentó sin éxito detener otro decreto similar, el 5503, en un tribunal de Santa Cruz.

Próximo escenario: el Tribunal Constitucional

La controversia legal se traslada ahora al TCP. Este organismo constitucional tiene pendiente analizar las dos demandas de inconstitucionalidad que llegaron hasta el ente. La resolución sobre la tutela no prejuzga el fondo del asunto, que será decidido por los magistrados constitucionales en Sucre.

Antecedentes de la demanda

El abogado Wilmer Vásquez presentó una acción de tutela contra el Decreto Supremo 5515. Esta norma fue emitida por el presidente Rodrigo Paz y tiene como objeto permitir el ejercicio de la presidencia a distancia. Vásquez tiene un precedente similar, ya que también intentó detener el Decreto Supremo 5503, donde igualmente le negaron la tutela.

Cierre: La disputa legal continúa

La vigencia del decreto queda supeditada al futuro fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. El proceso judicial continúa su curso en Sucre, donde se determinará la conformidad a la Constitución de la norma que permite el gobierno a distancia. El Ejecutivo mantiene, por ahora, la facultad de aplicar el decreto.

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