Distribuidor sugiere control comunitario contra contrabando de garrafas
El presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de GLP, Fernando Segovia, propuso que las comunidades fronterizas se organicen para frenar el «contrabando hormiga» de garrafas. La medida se plantea ante el desabastecimiento continuo en algunas regiones. Segovia descartó la implicación de las empresas distribuidoras en el desvío del producto.
El mecanismo del contrabando hormiga
Segovia señaló que el problema real es el «contrabando hormiga» hacia países vecinos, como Perú. Resaltó que durante los bloqueos los camiones no trabajaron, pero el producto seguía vendiéndose en el país limítrofe. Por ello, descartó que el desvío a gran escala provenga de las empresas formales.
La cadena de distribución regulada
El representante explicó que YPFB establece cupos diarios por región. Luego, las distribuidoras retiran el producto con una orden de salida y lo llevan a agencias locales para su reparto final. Todo el proceso está controlado y regulado por la ANH, según su versión.
Distribuidores descartan su responsabilidad
Consultado sobre un posible desvío por parte de sus afiliados, Segovia rechazó esa posibilidad. Argumentó que no se conoce ningún caso y que las sanciones económicas por ley son muy duras, lo que disuade a las empresas de cometer infracciones.
Una propuesta para el control local
Como parte de la solución, Segovia subrayó que su sector no tiene competencia para controlar la venta final. Sugirió que las comunidades fronterizas implementen una autorregulación para detectar y evitar el mal uso del gas subvencionado dentro de su propia población.
Antecedentes del desabastecimiento
Algunas regiones del país siguen teniendo problemas con el abastecimiento regular de la garrafa de GLP. El Gobierno anunció mejorar los controles, pero aún no se identificó el verdadero problema. Las autoridades apuntan al contrabando a la inversa, aunque hasta ahora no desbarató a una organización que esté sacando el producto en grandes proporciones.
Cierre: La responsabilidad recae en las comunidades
La propuesta traslada la iniciativa del control a las poblaciones locales. La implicación es que la solución al desabastecimiento en zonas fronterizas podría depender de la autorregulación comunitaria para evitar el desvío del producto subvencionado.