Proyectos de ley penalizan bloqueos con penas de hasta 20 años de cárcel

Dos proyectos de ley presentados en la Asamblea Legislativa buscan criminalizar los bloqueos de vías en Bolivia. Las propuestas, del diputado Carlos Alarcón (PL-094/25) y la diputada María José Soruco (PL-092/25), coinciden en establecer sanciones penales pero difieren en su enfoque jurídico y severidad.

Proyecto de Alarcón: enfoque punitivo y blindaje policial

El PL-094/25 tipifica el bloqueo como un delito autónomo, desvinculado de cualquier reivindicación social. Establece penas de tres a seis años por bloqueo básico, que suben a cinco u ocho para organizadores. En casos agravados, las penas pueden llegar a 20 años de prisión. Además, introduce responsabilidad civil solidaria para reparar daños económicos. Un punto clave es el blindaje legal a policías y militares, eximiéndolos de responsabilidad si actúan conforme a protocolos.

Contraste con el proyecto de Soruco

El PL-092/25 propone un enfoque más equilibrado. Introduce delitos como desabastecimiento intencional (5 a 10 años) y generación de zozobra (1 a 4 años). Para el bloqueo coercitivo, la pena es de tres a seis años. Reconoce explícitamente la protesta social lícita, pero establece límites: no debe impedir el abastecimiento de bienes esenciales ni prolongarse indefinidamente. Crea una acción de protección jurisdiccional sumaria para resolver en 24 horas.

Antecedentes del debate legislativo

Dos proyectos de ley presentados en la Asamblea Legislativa reabren el debate sobre los bloqueos de vías en Bolivia y el tratamiento penal de esta forma de protesta social. Las propuestas coinciden en criminalizar los bloqueos, pero difieren de manera sustancial en su enfoque jurídico, la severidad de las sanciones y el rol del Estado.

Implicaciones de las propuestas

Mientras el proyecto de Alarcón apuesta por sanciones severas y un fuerte respaldo legal a la intervención policial y militar, el de Soruco busca canalizar los conflictos mediante límites legales y respuestas judiciales rápidas, intentando evitar que la criminalización de los bloqueos derive en la criminalización de la protesta social en su conjunto.