Dos españoles son accionistas de empresa boliviana vinculada a 700 kilos de cocaína
Dos ciudadanos españoles figuran como principales accionistas de ExportMader Bolivia S.R.L., empresa involucrada en el envío de 700 kilos de cocaína a España. El cargamento, camuflado en madera, fue interceptado en Chile en noviembre de 2025.
La investigación se amplía tras identificar a los accionistas
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz identificaron a los accionistas como Manuel P.A. y Eduardo J.M.. Ambos abandonaron Bolivia, uno en 2023 y el otro en diciembre de 2025. Las diligencias buscan esclarecer el caso y el trabajo de estos extranjeros.
Operativo internacional intercepta el cargamento
El cargamento salió de Santa Cruz el 25 de octubre de 2025. Fue intervenido el 22 de noviembre en el Puerto de Arica, Chile, en el operativo “Mercurius”. Se incautó un contenedor con 19,5 toneladas de madera impregnada con clorhidrato de cocaína con destino a Barcelona.
Acciones judiciales y detenciones en Bolivia
El Viceministerio de Sustancias Controladas y el Ministerio Público realizaron allanamientos. Fue aprehendida Rosio Esther Coca Gutiérrez, encargada de ExportMader con poder para autorizar exportaciones. Un juez ordenó su detención preventiva por 60 días, medida que la fiscalía apelará para extender a 180 días.
Incautación de bienes y documentos
En allanamientos en Santa Cruz de la Sierra, La Guardia y San Ignacio Velasco se secuestraron oficinas, vehículos, maquinaria y 240.000 dólares. También se incautó documentación contable, comercial y de logística de empresas madereras.
Antecedentes de la empresa investigada
ExportMader Bolivia S.R.L. ejecutó 152 exportaciones de madera desde 2018 a países como Estados Unidos, España, Israel, China y Uruguay. La empresa, con oficinas en Santa Cruz, contaba con certificado forestal y resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Cierre: Cooperación internacional y alcance del caso
Las autoridades bolivianas solicitaron cooperación internacional para la investigación. El fiscal antidrogas Rubén Ordóñez dirige las diligencias. El caso revela el uso de empresas legales como fachada para el narcotráfico internacional.
