Fiscalía boliviana emite nuevas órdenes de aprehensión por asesinato de exdirector

La Fiscalía boliviana ha emitido nuevas órdenes de aprehensión en la investigación del asesinato del exdirector del SENASAG, Mauricio Aramayo. Se busca ampliar el círculo de detenciones, incluyendo posibles autores intelectuales vinculados a ilícitos como el contrabando.
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Fiscalía emite nuevas órdenes de aprehensión por el asesinato de Mauricio Aramayo

El Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, informó de nuevas órdenes de aprehensión contra implicados en el crimen del exdirector del SENASAG en Tarija. Las órdenes, cuya cantidad no se precisó, forman parte de la investigación para identificar a los posibles autores intelectuales. La Policía Nacional trabaja con Inteligencia para ejecutarlas.

Avances en la investigación del crimen

El fiscal Róger Mariaca declaró que el crimen podría estar vinculado a pugnas por ilícitos como el contrabando. Durante su intervención en un acto en Tarija, pidió a los involucrados que se entreguen, ya que les esperan 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Reafirmó la obligación del Ministerio Público de esclarecer el caso.

Diligencias en curso y antecedentes

Los fiscales, con apoyo policial, realizan diligencias, tomas de declaración y allanamientos. Este lunes se allanaron las oficinas del SENASAG para secuestrar documentación. Previamente, dos personas, identificadas como autores materiales, fueron enviadas con detención preventiva por seis meses al penal de Morros Blancos.

Contexto del caso Aramayo

Mauricio Aramayo era el exdirector departamental del SENASAG en Tarija. Su asesinato conmocionó a la ciudad, descrita por las autoridades como una «ciudad tranquila que fue asustada» por este hecho. La investigación sigue activa para determinar todas las responsabilidades.

Implicaciones del proceso judicial

La Fiscalía mantiene la línea de investigar tanto a los autores materiales como a los intelectuales. La emisión de nuevas órdenes de aprehensión indica que el caso continúa abierto y que se busca ampliar el círculo de detenciones. El proceso judicial avanza con la premisa de una condena potencial de 30 años.

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