Gobierno ratifica fin de subvención a carburantes y mantiene bonos sociales
El Decreto Supremo 5516 elimina un subsidio que generaba un déficit superior a 2.000 millones de dólares anuales. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que la norma fue consensuada con la Central Obrera Boliviana (COB) y se publicará en la Gaceta Oficial. El objetivo declarado es garantizar la estabilidad económica, social y política del país.
Consenso y medidas económicas
José Luis Lupo explicó que el decreto fue socializado artículo por artículo con más de 30 dirigentes de la COB y sectores sociales. “El fondo se mantiene, la forma se ajusta y el país se desbloquea”, resumió el ministro. La norma mantiene el levantamiento de la subvención a los carburantes, pero preserva los bonos sociales como el Juancito Pinto y el Pepe. También se mantiene el incremento del 20% al salario mínimo y medidas como el arancel cero para repuestos de transporte.
Defensa del procedimiento y otros anuncios
Lupo defendió el uso de decretos ante una situación de emergencia, aunque reconoció falencias en la comunicación. Sobre los combustibles, aclaró que los precios fijos por seis meses son un mecanismo de contingencia y no un retorno a subsidios permanentes. En otro tema, aseguró que el Gobierno respeta la normativa ambiental en el conflicto por Tariquía.
Financiamiento externo para proyectos
El ministro destacó la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta visita contempla un financiamiento de 4.500 millones de dólares para Bolivia. Los recursos están destinados a proyectos de agua, saneamiento, salud, educación e infraestructura.
Antecedentes del decreto
El nuevo Decreto Supremo 5516 fue socializado y consensuado con la Central Obrera Boliviana (COB) tras una reunión que se extendió hasta la madrugada de este martes, como parte de una estrategia para garantizar la estabilidad económica, social y política del país.
Implicaciones de la norma
La ratificación del fin del subsidio a los carburantes implica un cambio estructural en la política de precios del Estado. El gobierno busca equilibrar las finanzas públicas y asegura compensar el impacto con bonos sociales y medidas para el transporte. El acuerdo con la COB busca evitar conflictos sociales.
