Presidente de la Asamblea Nacional venezolana acusa a Foro Penal de cobrar por excarcelaciones
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó a la ONG Foro Penal de cobrar dinero a familiares de presos políticos por gestionar liberaciones. La acusación surge en medio de una disputa por las cifras reales de excarcelaciones, con versiones oficiales y de la oposición en abierta contradicción.
Discrepancias en las cifras de liberados
Durante una sesión de la AN, el diputado opositor Luis Florido cuestionó las excarcelaciones «masivas» anunciadas, citando datos de Foro Penal que sólo confirmaban 56 liberaciones. En contraste, la Plataforma Unitaria Democrática habla de 76 y el régimen de Nicolás Maduro afirma que son 116. Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, negó que se trate de «presos políticos», llamándolos «políticos presos» por supuestas faltas legales.
La réplica de la organización defensora de DDHH
Foro Penal respondió con un comunicado, negando «exigir pago alguno» por su asistencia legal gratuita. La ONG atribuyó las dudas sobre las cifras al «incumplimiento» del régimen de informar con claridad sobre las identidades de los liberados y los criterios utilizados. Reiteró que sólo ha podido confirmar 56 excarcelaciones desde el anuncio del 8 de enero.
Antecedentes del conflicto
La polémica se enmarca en las demoras y la falta de transparencia denunciada en el proceso de liberación de presos políticos. La oposición mayoritaria, a través de la Plataforma Unitaria, y las organizaciones de derechos humanos llevan días exigiendo claridad sobre el número real de excarcelados, que según sus datos es una minoría frente a los más de 800 que permanecerían detenidos.
Cierre: La transparencia en el centro de la disputa
El conflicto evidencia la profunda desconfianza entre el gobierno venezolano y la oposición. Mientras el régimen habla de cientos de liberaciones, las organizaciones de DDHH y la oposición insisten en la opacidad del proceso. La falta de una lista oficial verificable de excarcelados mantiene la controversia sobre el alcance real de la medida y su impacto en la situación de los detenidos por motivos políticos.
