Muerte de preso político en custodia estatal agrava crisis de derechos humanos en Venezuela

Edison José Torres Fernández falleció el 10 de enero de 2026 mientras estaba detenido. Organismos de derechos humanos responsabilizan al Estado y denuncian la falta de información sobre las causas de su muerte.
Clarín
Vigilia de familiares de presos políticos frente al centro penitenciario Rodeo I en Venezuela.
Vigilia de familiares de presos políticos frente al centro penitenciario Rodeo I en Venezuela. / Ronald Peña R / EFE / Clarín

Muere preso político bajo custodia del Estado venezolano

Edison José Torres Fernández, de 52 años, falleció el 10 de enero de 2026 mientras estaba detenido. Organismos de derechos humanos denuncian su muerte y responsabilizan al Estado por la falta de información sobre las causas.

Un fallecimiento que eleva la cuenta

El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) confirmó la muerte. Torres Fernández, funcionario policial, fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos. El partido Vente Venezuela señaló que con este caso ya son ocho los presos políticos muertos bajo custodia desde julio de 2024.

Liberaciones anunciadas, expectativa incumplida

La muerte ocurre en un contexto de expectativa por liberaciones. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la liberación de «un número importante» de presos. Sin embargo, hasta el momento solo se liberó a 17 personas. La ONG Foro Penal contabiliza más de 800 presos políticos.

Antecedentes de una represión en cifras

Las detenciones se enmarcan en la represión posterior al proceso electoral del 28 de julio de 2024. Foro Penal registra más de 800 casos, incluyendo más de 80 extranjeros y 21 adultos mayores de 70 años. El régimen no entrega listados oficiales de detenidos.

Cierre: Familias exigen respuestas ante la incertidumbre

Los familiares mantienen vigilias frente a los penales y describen las liberaciones como una burla. Mariana González de Tudares, hija del opositor Edmundo González Urrutia, exige una prueba de vida de su esposo, detenido hace más de un año. La falta de información oficial profundiza la angustia y las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

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