Fabricantes chinos incorporan modo vigilancia con cámaras en coches eléctricos

Los sistemas, ya presentes en Tesla, activan grabaciones ante movimientos cercanos al vehículo. Esta funcionalidad, que puede ayudar a resolver delitos, choca con las normativas europeas que prohíben la vigilancia masiva en el espacio público sin causa justificada.

La expansión del «Wächtermodus»

Los nuevos vehículos eléctricos de fabricantes chinos como Xpeng, Nio o BYD incorporan ya un modo vigilancia similar al de Tesla. Utiliza las cámaras exteriores para observar y grabar el entorno del coche cuando está aparcado. El sistema se activa de forma escalonada: si una persona se acerca demasiado, inicia la monitorización; si detecta una posible amenaza, comienza la grabación; ante un evento drástico, como un golpe, activa también la alarma.

Un arma de doble filo legal

Estas grabaciones han servido para aclarar delitos, pero los investigadores necesitan una orden judicial para que el fabricante libere el material. El responsable de los datos es el propietario del vehículo que activa el sistema. La vigilancia permanente del espacio público está prohibida en principio, pero los coches graban ante el más mínimo indicio.

El dilema probatorio y la sanción

Los tribunales pueden admitir como prueba vídeos obtenidos de manera ilegal, por ejemplo, en casos de accidentes. Esto significa que un propietario puede contribuir a la condena de un delincuente y, posteriormente, recibir una multa de la autoridad de protección de datos por haber grabado sin base legal. La situación evidencia una falta de seguridad jurídica clara en este ámbito.

Antecedentes: Vigilancia masiva sobre ruedas

Mientras el debate sobre la vigilancia masiva suele centrarse en ámbitos como la retención de datos de telecomunicaciones, una vigilancia análoga y sin causa se lleva a cabo desde hace años en las calles a través de estos vehículos. Lo que Tesla implantó, ahora se extiende a otras marcas.

Cierre: Necesidad urgente de marco legal

La rápida adopción de esta tecnología por más fabricantes acentúa la urgencia de un marco regulatorio claro. La contradicción entre su utilidad probatoria y su potencial ilegalidad deja a los usuarios en una situación de incertidumbre, donde un mismo acto puede ser a la vez útil para la justicia y motivo de sanción administrativa.