Asesinatos de defensores ambientales en Guatemala aumentan a 20 en 2024
Los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en Guatemala se quintuplicaron en 2024, pasando de 4 a 20 casos. Según el informe de la ONG Global Witness, el país tiene la tasa más alta del mundo en proporción a su población y es el segundo con más víctimas, solo por detrás de Colombia.
Un Gobierno respaldado por indígenas que no frena la violencia
El aumento de la violencia ocurre a pesar del cambio de gobierno. La administración del presidente Bernardo Arévalo, que llegó al poder con apoyo indígena, no ha logrado contener los ataques. Laura Furones, de Global Witness, califica la situación de «gran paradoja». Representantes indígenas señalan inacción en la redistribución de tierras y resolución de conflictos agrarios.
Criminalización y persecución judicial como herramientas
Los defensores enfrentan mecanismos de criminalización más complejos. Neydi Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), reporta 3.100 órdenes de arresto activas y más de 15 desalojos extrajudiciales en 19 meses. Señala la creación de la Fiscalía Contra la Usurpación y el Observatorio de Derechos de Propiedad como instrumentos que facilitan procesos judiciales contra comunidades.
El crimen organizado agrava el riesgo en territorios clave
La expansión del crimen organizado es un factor de riesgo adicional. Más de la mitad de los ataques en 12 años ocurrieron en cuatro departamentos con cultivo de coca y narcotráfico. En Escuintla, con puertos estratégicos, se registraron 8 asesinatos en 2024; en 6 casos los presuntos autores tenían vínculos con el crimen organizado.
Antecedentes de una crisis persistente
Global Witness documenta 106 asesinatos y desapariciones de defensores ambientales en Guatemala desde 2012. La mitad de las víctimas eran indígenas y una quinta parte, campesinos. Los principales factores detrás de la violencia son un sistema de distribución de tierras que beneficia a la élite, la violación de derechos indígenas y la expansión del crimen organizado.
Llamado a medidas urgentes de protección
Las fuentes coinciden en que la escalada de violencia continuó en 2025. Brenda Guillén, de UDEFEGUA, insta al Gobierno a implementar una política pública de protección para defensores, un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2014. También destaca la necesidad de acciones ejecutivas que garanticen la seguridad de quienes defienden el territorio, citando la cancelación de 10 licencias mineras en Sierra Santa Catarina como un avance.
