Decreto 5515 permite a Paz gobernar a distancia y limita al Vicepresidente

El Decreto Supremo 5515 habilita al presidente Rodrigo Paz a ejercer el mando por medios tecnológicos si sale del país. La norma, emitida el 1 de enero, recorta las atribuciones del vicepresidente Edmand Lara. Diversos juristas y analistas cuestionan su constitucionalidad, mientras el Gobierno alega que es necesaria para la gobernabilidad.

Cuestionamientos a la constitucionalidad de la norma

El debate se centra en el artículo 169 de la Constitución, que establece que el Vicepresidente asume la Presidencia ante ausencia temporal. El jurista Eduardo Rodríguez Veltzé consideró un “despropósito” usar medidas de debatible constitucionalidad para escalar diferencias. El analista Franz Rafael Barrios observó que el Decreto altera por vía administrativa el diseño constitucional y usurpa funciones del Vicepresidente en favor del Ministro de la Presidencia, una autoridad no electa.

Actores políticos denuncian un giro autoritario

Varios actores de izquierda y la COB tacharon la norma de autoritaria. El exdiputado Héctor Arce calificó el decreto de ilegal, abusivo y grosero. La Central Obrera Boliviana, en un comunicado, denunció que el Gobierno “pretende gobernar por decreto” y acusó al Órgano Ejecutivo de una práctica propia de un gobierno dictador.

Argumentos oficiales: preservar la gobernabilidad

Desde el Gobierno se defiende el decreto. El viceministro de Transparencia, Yamil García, argumentó que actualiza la interpretación constitucional según los avances tecnológicos. Advirtió que sin la norma, el Vicepresidente podría “generar actos que vayan directamente en contra de toda la política de gobierno”. El analista Fernando Untoja sostuvo que la coyuntura exige gobernabilidad real y que “aplaudir el Decreto 5515 es defender el orden institucional”.

Antecedentes del conflicto ejecutivo

La norma surge en un contexto de conflicto entre los dos primeros mandatarios, Rodrigo Paz y Edmand Lara. El Decreto recorta las atribuciones que tenía el Vicepresidente y lo obliga a que, si ejerce la presidencia, debe seguir las instrucciones expresas del primer mandatario y coordinar con el Ministro de la Presidencia.

Implicaciones institucionales del decreto

La medida genera una fuerte controversia sobre el equilibrio de poderes. Los críticos señalan que debilita la figura vicepresidencial y concentra decisiones en un ministro no electo. Sus defensores insisten en que es un mecanismo excepcional para garantizar la estabilidad y evitar que un Vicepresidente disidente tome el control del Ejecutivo. El debate evidencia una profunda fractura política al inicio de la gestión.