Decreto 5503 otorga al BCB facultad para gestionar deuda externa sin control parlamentario
El artículo 5 autoriza al Banco Central de Bolivia a gestionar financiamiento externo y emitir deuda usando activos estatales como garantía. Economistas y la oposición política señalan que esta norma convierte al BCB en un agente de deuda, eludiendo la aprobación de la Asamblea Legislativa para nuevos créditos.
El núcleo de la polémica: el artículo 5
El decreto establece mecanismos de estabilización de la balanza de pagos. Autoriza al BCB, de forma excepcional, a gestionar líneas de financiamiento, swaps de divisas y emitir instrumentos financieros externos. También le permite recibir depósitos o garantías del Tesoro General de la Nación para asegurar sus obligaciones.
Análisis: el BCB como «agente de deuda»
El economista Gonzalo Colque sostiene que la norma busca que el BCB consiga deuda en dólares sin control parlamentario. El banco podría contraer deuda comprometiendo reservas de oro y otros activos estatales, como bonos o acciones de empresas públicas. El decreto no especifica límites de endeudamiento ni detalla completamente los activos que se podrían usar como garantía.
Reacción política y acusaciones de vaciamiento
El vicepresidente Edmundo Lara afirma que el decreto permite al Ejecutivo y al BCB manejar el país «como su estancia privada». Critica que la norma arrincona al poder Legislativo, ya que el BCB no requeriría la aprobación de la Asamblea para los créditos. Lara intentó frenar el decreto en la Asamblea, pero no logró el apoyo necesario.
Antecedentes: más allá del «gasolinazo»
Analistas coinciden en que el Decreto Supremo 5503 va más allá de la eliminación de la subvención a los combustibles. Identifican que la «pieza clave de todo el paquete» se centra en el rol que la norma le asigna al Banco Central de Bolivia, específicamente a través de su artículo 5.
Cierre: protestas y advertencias por la norma
La Central Obrera Boliviana realiza protestas, argumentando que el decreto vulnera la Constitución. El Magisterio Urbano lo califica de «privatizador» y advierte con no iniciar clases si no se abroga. El escenario muestra un conflicto que trasciende el precio de los combustibles, centrado en el mecanismo de endeudamiento y el control de los activos del Estado.
