Ayllus de Potosí y Oruro respaldan a Lara y rechazan el decreto de combustibles
Las comunidades indígenas se declaran en estado de emergencia y exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles. El vicepresidente Edmand Lara recibió su apoyo político durante un encuentro este jueves.
Encuentro con respaldo y rechazo
El vicepresidente Edmand Lara se reunió con autoridades de los ayllus de paz de Potosí y Oruro. Lara destacó la obligación del Estado de garantizar su desarrollo. Los comunarios, aunque respaldaron a la autoridad, rechazaron contundentemente el DS 5503, al que atribuyen una “crisis económica de magnitud”.
Advertencia desde las comunidades
Marcelino Chocotea, Kuraq Machiq de los ayllus, ratificó el apoyo a Lara pero cuestionó la falta de consulta previa del decreto. Advirtió sobre el impacto en los precios del transporte y la canasta familiar. Anunció que las comunidades se declaran en emergencia hasta que el Ejecutivo encuentre una solución.
Un llamado urgente al Presidente
Natividad Choque, concejal de Challapata, hizo un llamado urgente al presidente Rodrigo Paz. Instó a considerar las dificultades que enfrentan las mujeres trabajadoras y madres solteras por el alza de precios. Solicitó una respuesta inmediata del Gobierno.
Posición y petición formal
Durante la reunión, los ayllus pidieron la abrogación inmediata del DS 5503. Recomendarán al vicepresidente Lara que intervenga en el decreto. La medida ha generado un conflicto entre el Gobierno y sectores indígenas aliados.
Antecedentes del conflicto
El Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles, fue emitido por el Gobierno nacional. Las comunidades indígenas argumentan que la medida provoca una crisis económica y afecta a los sectores más vulnerables, sin que se les haya consultado previamente.
Implicaciones políticas inmediatas
El respaldo condicionado de los ayllus al vicepresidente Lara genera una presión política interna sobre el Gobierno. La declaratoria de emergencia de estas comunidades supone un escalamiento en la demanda para revertir la medida económica, situando el tema como una prioridad en la agenda pública.
