Cinco empresas públicas bolivianas operan en quiebra técnica con pérdidas millonarias
Cinco empresas estatales acumulan un déficit de 697 millones de bolivianos. Según un informe oficial, YLB, QUIPUS, YACANA, EBIH y ASBA son consideradas «empresas zombies» al operar con gastos superiores a sus ingresos y deudas impagables.
Un agujero financiero de casi 700 millones de bolivianos
El informe «Saqueo Institucional; el costo de la corrupción en las empresas públicas» detalla las pérdidas individuales. ASBA lidera el déficit con 214 millones de bolivianos, seguida por YACANA con 203 millones. YLB registra 143 millones, QUIPUS 108 millones y EBIH 29 millones. El documento de la OFEP y el Sistema SER advierte que ni vendiendo todos sus activos podrían saldar sus obligaciones con el Banco Central de Bolivia y proveedores.
Impacto directo en las finanzas del Estado
El funcionamiento de estas empresas ha generado un daño económico directo al Estado calculado en 1.294 millones de dólares. Estos recursos, destinados a sueldos y financiamiento continuo, han tenido que ser cubiertos con dinero público, reduciendo la disponibilidad para otros sectores. Forman parte de un grupo de 14 empresas inviables que absorbieron el 28% de los recursos desembolsados por el Estado.
Deudas críticas a corto plazo
La situación se agrava por compromisos inmediatos. Las empresas deben 222 millones de dólares con vencimiento a 90 días, sin capacidad para generar los ingresos que requieren esos pagos. Esta circunstancia obliga al Estado a buscar nueva financiación o a cubrir los montos, profundizando el problema financiero.
Antecedentes: El diagnóstico de inviabilidad
El informe oficial del gobierno identifica a cinco empresas públicas que funcionan en quiebra técnica, definiéndolas como «empresas zombies». Esto significa que siguen operando pese a que gastan más de lo que tienen, deben más de lo que poseen y no generan ingresos suficientes para pagar sus cuentas.
Cierre: Un problema estructural que requiere medidas
El informe concluye que estas empresas representan un problema estructural. Mantenerlas operativas implica destinar dinero público a entidades no funcionales. Por ello, recomienda detener el flujo de recursos, auditar responsabilidades y replantear la administración de las empresas en quiebra técnica para evitar que el problema continúe creciendo.
