Empresas malasias controlan 65 de 67 permisos de deforestación en Papúa Nueva Guinea
65 de los 67 permisos de tala para conversión agrícola (FCAs) en Papúa Nueva Guinea están controlados por empresas vinculadas a Malasia, según un informe de RimbaWatch. Estas licencias cubren 1,68 millones de hectáreas de selva. A pesar de una moratoria en 2023, las exportaciones de madera continúan.
Dominio malasio en los permisos de tala
Un informe de la organización RimbaWatch revela que empresas con registro, accionistas o directores malasios controlan el 97% de los FCAs activos. Estos permisos, emitidos por la Autoridad Forestal de Papúa Nueva Guinea (PNGFA), permiten la conversión de más de 50 hectáreas de bosque para proyectos agrícolas. El informe señala que 79 de las 190 personas vinculadas a estas empresas son malasias, incluyendo individuos con conexiones políticas o antecedentes por tala ilegal.
Impacto en el territorio y las comunidades
Los 65 FCAs controlados por empresas malasias abarcan 1,68 millones de hectáreas de selva tropical, y aproximadamente el 88% de esta área se considera bosque no perturbado. Samuel Kime, un terrateniente y activista, afirma que las empresas operan a menudo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, que poseen el 97% de la tierra de forma consuetudinaria. Kime denuncia que los acuerdos se firman en inglés sin una explicación clara a los propietarios, muchos de ellos analfabetos.
La moratoria y el continuo comercio de madera
En respuesta a las denuncias de irregularidades, la PNGFA impuso una moratoria a nuevos FCAs en 2023. Sin embargo, activistas como Pamela Avusi de la Alianza Ambiental de Papúa Nueva Guinea (PNGEA) consideran que fue un “gesto vacío” porque no detuvo las operaciones existentes. En 2024, Papúa Nueva Guinea exportó 2,5 millones de metros cúbicos de madera rolliza, lo que supone el 25% de las exportaciones mundiales de troncos tropicales. El 90% de esta madera tiene como destino China.
Repercusión legal y demandas de transparencia
Los autores del informe exigen más transparencia y control a la PNGFA y a las empresas. Adam Farhan, director de RimbaWatch, destaca que solo se tuvo acceso a datos espaciales de 37 de los 67 FCAs. Mientras, algunas comunidades han emprendido acciones legales. Un grupo de terratenientes de la provincia de Sandaun llevó a una empresa maderera malasia a los tribunales en octubre, esperando una sentencia que podría sentar un precedente para todo el país.
Antecedentes: Un ecosistema único bajo presión
Las selvas de Papúa Nueva Guinea, que abarcan 28,2 millones de hectáreas, albergan entre el 5% y el 8% de las especies mundiales. A pesar de su biodiversidad y de que la mayoría de la tierra es de propiedad consuetudinaria, el país es uno de los principales exportadores de troncos tropicales, con beneficios concentrados en corporaciones extranjeras.
Cierre: Implicaciones y camino a seguir
El informe subraya la desproporcionada influencia de empresas malasias en la industria maderera de Papúa Nueva Guinea y los fallos en la aplicación de las salvaguardias para las tierras consuetudinarias. El cierre de este caso judicial y las posibles políticas futuras, como la prohibición de exportar troncos a partir de 2025 anunciada por el primer ministro James Marape, determinarán el futuro de estos bosques y de las comunidades que dependen de ellos.
