Gobierno elimina pago por vacaciones no usadas en sector público

El decreto declara el uso de la vacación como «irrenunciable y obligatorio». La norma, aprobada por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete el 8 de diciembre, suspende la política anterior que permitía la compensación económica por días no disfrutados.

Fin de la compensación económica general

El decreto supremo modifica el Estatuto del Funcionario Público. La decisión se fundamenta en los recursos públicos limitados y en obligaciones heredadas que, según el Ejecutivo, dificultan asumir pagos adicionales. La norma deroga expresamente el Decreto Supremo 5470 del gobierno de Luis Arce, que establecía un plazo de 45 días para pagar vacaciones acumuladas.

Excepciones al nuevo régimen

La compensación pecuniaria solo será válida en casos excepcionales. Estos incluyen fallecimiento del funcionario, extinción de la entidad, renuncia, destitución o mandatos judiciales. En esas situaciones, las instituciones deben cancelar las vacaciones pendientes en un plazo máximo de 12 meses, sin requerir solicitud del servidor público.

Antecedentes: un cambio de política

El gobierno de Luis Arce había instaurado en octubre, mediante el Decreto Supremo 5470, un plazo de 45 días para pagar vacaciones acumuladas. Esa disposición queda ahora sin efecto bajo la nueva política aprobada por la administración de Paz.

Cierre: Implicaciones administrativas

La medida traslada la obligación del pago económico al cumplimiento efectivo del descanso. Las instituciones públicas deben ahora garantizar que sus funcionarios tomen sus días de vacación, ajustando sus procesos de planificación y gestión de personal.