Vicepresidente Lara acuerda agenda legislativa y exige revisión de créditos
El vicepresidente Edmand Lara consensuó con jefes de bancada retomar la preselección judicial y revisar estrictamente los préstamos del Ejecutivo. La reunión excluyó al MAS. Lara anunció que se solicitará al Ministerio de Economía información detallada sobre los créditos pendientes antes de cualquier aprobación.
Acuerdos para destrabar la justicia
Como primer punto, se acordó aprobar la convocatoria para reactivar la preselección de candidatos al TCP y al TSJ. Paralelamente, se impulsará una ley para un funcionamiento transitorio del TCP con cuatro tribunos y plazo definido. “No vamos a permitir decretazos, no vamos a permitir suplencias”, remarcó Lara. También se avanzará en la elección por consenso de vocales del TSE y en una “revisión exhaustiva” para la designación del Contralor.
Fortalecimiento del control y fin de interinatos
La agenda incluye poner fin a los interinatos en entidades como la ASFI, la Gestora Pública y la Aduana. Además, se conformará una comisión para recuperar la prerrogativa legislativa de interpelar y se crearán comisiones mixtas para investigar hechos de corrupción de gestiones pasadas.
Revisión exhaustiva de los créditos pendientes
Lara informó que se acordó pedir al Ministerio de Economía toda la información sobre los créditos solicitados, incluyendo destino y capacidad de endeudamiento. Solo tras evaluar esa documentación se decidirá su aprobación. El vicepresidente reiteró su objeción al préstamo de 500 millones de dólares para cubrir obligaciones financieras del Estado, afirmando: “no vamos a aprobar créditos de libre disposición”.
Antecedentes: Una reunión para definir prioridades
El vicepresidente Edmand Lara se reunió este martes con los jefes de bancada de la ALP para definir una agenda prioritaria. Según informó, participaron todas las bancadas excepto el MAS.
Cierre: Una agenda centrada en control y transparencia
Los acuerdos establecen un camino legislativo que prioriza el destrabe de los órganos judiciales y electorales, junto a un control estricto sobre el endeudamiento público. La exigencia de información detallada sobre los créditos marca una postura de fiscalización hacia las solicitudes del Ejecutivo.
