Defensoría verifica detención de Lidia Patty y gestiona sus medicamentos
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó una verificación en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La inspección evaluó las condiciones de la exdiputada Lidia Patty Mullisaca. La acción se enmarca en las atribuciones de la Defensoría del Pueblo para prevenir tratos crueles.
Procedimiento de verificación y hallazgos iniciales
Juan Ledezma, jefe del MNP, detalló que la revisión siguió el procedimiento estándar. Se verificó el acceso a defensa legal, alimentación y valoración médica. Se constató que Patty cuenta con dos abogados defensores y tiene ingreso irrestricto de su defensa y familiares. También recibe alimentación en iguales condiciones que otros internos y tuvo control médico al ingreso.
Gestión para garantizar el derecho a la salud
La exdiputada solicitó el ingreso de medicamentos para su tratamiento regular. Ante esto, la Defensoría remitió una nota formal a la FELCC para autorizar el ingreso de los fármacos. El objetivo es garantizar la continuidad de su tratamiento y evitar vulneraciones a su derecho a la salud.
Marco legal y seguimiento continuo
La inspección se desarrolló bajo las atribuciones de la Ley N° 1397. Esta ley confiere a la Defensoría la función de vigilar condiciones de detención. El MNP reiteró que continuará con el seguimiento al caso y la supervisión del debido proceso. Reafirmó su rol en la protección de la integridad de las personas privadas de libertad.
Antecedentes de la supervisión
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realiza estas verificaciones como parte de su mandato legal. La visita a la FELCC para evaluar el respeto de los derechos fundamentales de Lidia Patty es una acción rutinaria dentro de ese marco.
Implicaciones del procedimiento
La gestión realizada por la Defensoría del Pueblo busca asegurar el cumplimiento de las garantías procesales y condiciones básicas durante la detención. El seguimiento continuo pretende prevenir cualquier tratamiento contrario a los derechos fundamentales de la persona detenida.