Transporte pesado anuncia proceso penal contra exministro Montaño por mal estado de carreteras

El sector del transporte pesado inicia acciones legales contra el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, exigiendo responsabilidad por el deterioro de la red vial y el manejo de los recursos de los peajes.
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Transporte pesado inicia proceso penal contra exministro Montaño

El sector del transporte pesado anunció que iniciará un proceso penal contra el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. El gremio busca que la exautoridad asuma responsabilidad por el mal estado de la red vial fundamental y explique el manejo de los recursos económicos asignados para el mantenimiento de carreteras.

La denuncia por el manejo de recursos

El dirigente del sector, Hugo Domingo Ramos, argumentó que las condiciones de transitabilidad empeoraron drásticamente debido a la época de lluvias. Esta situación motivó la decisión de tomar acciones legales para esclarecer el destino de los aportes realizados por los choferes a través de los peajes.

Exigencias a las nuevas autoridades

La dirigencia también exigió a las nuevas autoridades del Gobierno que ordenen intervenciones administrativas inmediatas en todas las instituciones encargadas de la infraestructura vial. Ramos pidió auditoría al Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transportes, ABC y Vías Bolivia.

El anuncio del proceso legal

El dirigente Hugo Domingo Ramos anunció la acción legal públicamente. Según declaraciones recogidas por la red Unitel, afirmó: “Nosotros vamos a presentar un proceso contra el exministro Montaño para que pueda responder sobre el manejo económico que nosotros hemos aportado en los peajes”.

El reclamo por el estado de las vías

La decisión del gremio del transporte pesado surge directamente del mal estado de la red vial fundamental tras las lluvias. El sector busca responsabilidades sobre el mantenimiento y reparación de las carreteras.

Implicaciones del anuncio legal

El anuncio de un proceso penal contra un exministro pone el foco en la gestión de la infraestructura vial y el uso de recursos. La demanda del sector transportista traslada el debate sobre el estado de las carreteras al ámbito judicial y de control administrativo.

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