Justicia dicta cuatro meses de detención preventiva para Lidia Patty
La exdiputada Lidia Patty ingresó en el penal de Obrajes con una detención preventiva de cuatro meses por el caso Fondo Indígena. Su defensa anunció un nuevo recurso de libertad, considerando la medida arbitraria.
Imputación y medidas judiciales
Un tribunal de La Paz decretó la detención preventiva para la exdiputada del MAS. Patty es investigada, según el fiscal Miguel Cardozo, por “pruebas contundentes” que la vincularían con el uso indebido de recursos. Se le acusa de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. La defensa, a cargo del abogado Víctor Nina, presentará una tercera acción de libertad.
Los cargos en el caso Fondo Indígena
La investigación señala que Patty se habría beneficiado de 700.000 bolivianos destinados a un proyecto de producción de tomates para ocho comunidades. La defensa confirma que el dinero llegó a su cuenta en 2010, pero alega que las carpas solares se entregaron y su posterior desmantelamiento no es atribuible a ella.
Reacción política y denuncias de revancha
El expresidente Evo Morales calificó la aprehensión como un acto de “revancha del gobierno” y “abuso de poder”. Morales vinculó la medida con el rol de Patty en el proceso judicial contra la expresidenta Jeanine Áñez. Aseguró que existe una actitud de racismo y persecución contra la exdiputada indígena.
La defensa de la exdiputada
El abogado defensor Richard Cerda explicó que el convenio se firmó cuando Patty representaba a la federación Bartolina Sisa. La defensa niega toda responsabilidad penal, argumentando que el proyecto se ejecutó en su momento.
Antecedentes del proceso judicial
Un tribunal de La Paz había rechazado por segunda vez una acción de libertad para Patty antes de la audiencia de medidas cautelares. La exdiputada enfrenta, además, una alerta migratoria que le impide salir del país.
Cierre: Implicaciones del fallo
La detención preventiva de cuatro meses mantiene a Lidia Patty en prisión mientras continúa la investigación por el caso Fondo Indígena. El proceso judicial avanza en medio de un fuerte debate político sobre su naturaleza legal.
